En un informe publicado este martes, el Consejo mostró su preocupación ante dichos fallos judiciales, confirmados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Al firmar la citada carta, que España aceptó en el nivel más alto de protección, el país se comprometió a garantizar la educación en lenguas regionales o minoritarias en preescolar, primaria y secundaria.

Por ello, la obligación de un porcentaje mínimo de castellano atentaría contra el artículo 8 del acuerdo, apuntó el Consejo.

No obstante, admite que este principio debe ser aplicado de “forma flexible”, pues la protección de las lenguas minoritarias o regionales “no debe hacerse en detrimento de las lenguas oficiales" ni poner en peligro su aprendizaje.

Por eso, la carta reconoce que “en determinadas escuelas (en función del entorno socioeducativo) puede ser necesario reforzar la enseñanza de la lengua del estado" y emplearla como medio de instrucción en una o más materias.

Sin embargo, imponer una cuota mínima de forma generalizada contradice “claramente” dichos compromisos, recalca el informe.

Según sus conclusiones, el sistema español de protección de las lenguas minoritarias está “bien desarrollado”, aunque persisten “ciertas brechas”, sobre todo en el sistema de justicia y en el trato con la administración general del estado (AGE).

Los servicios que dependen de las comunidades autónomas sí garantizan el derecho de la población a recibir atención en la lengua regional, indica el informe, algo que no siempre sucede en los procesos judiciales, las gestiones con la AGE o en los trámites internacionales.

Del mismo modo, el informe considera que las emisiones de radio y televisión en lenguas vernáculas cumple un nivel adecuado a escala autonómica, pero recomienda impulsar su difusión internacional.

La investigación recoge las opiniones de autoridades del estado español, de las comunidades autónomas y de asociaciones y otras entidades, así como las consideraciones de los expertos que visitaron España en enero de 2024.