Entre las modificaciones del Consejo de Estado, que serán introducidas rápidamente en el texto del decreto para enviarlo a la Comisión de Subsecretarios y aprobarlo en Consejo de Ministros lo antes posible, figura la de exigir expesamente a Telefónica el pago de un canon al Estado equivalente al 1 por mil de sus ingresos en el negocio de telefonía móvil.

Asimismo, la compañía que preside Cándido Velázquez tendrá un período para explotar su licencia de telefonía móvil idéntico al de su competidor privado, 15 años prorrogables por otros cinco, y no podrá traspasarlo a cualquier empresa o grupo del país, sino exclusivamente a sociedades filiales suyas.

Otra exigencia para Telefónica es la separación contable en el negocio detelefonía móvil, con tecnología GSM, es decir, que la empresa no podrá apoyar sus benficios o pérdidas por TMA, en los ingresos derivados de la explotación del monopolio de telefonía básica hasta el año 1998.

El Consejo de Estado cree también que el régimen de inspección y sanciones recogido en el reglamento es "insuficiente", al establecer como único castigo la retirada del título que habilita a una empresa como operadora de un servicio, y añade a esta medida la de abrir el correspondiente procedimieto sancionador.

Según informó Nadal, Telefónica dispondrá de un plazo de 45 días para solicitar su licencia, de manera que la compañía podría estar operando en GSM, con las nuevas condiciones, antes de finales de año, mientras que su competidora no estará en condiciones de hacerlo hasta bien entrado 1995.

Los aspectos que el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA) tendrá en cuenta para elegir el consorcio que competirá con Telefónica serán las aportaciones financieras,el valor añadido de la oferta (tanto económico, como tecnológico o industrial), las mejoras a los mínimos exigidos en plazos de implantación, cobertura, calidad del servicio, etc., y garantías de cumplimiento de todos estos compromisos.

Respecto a los compromisos con la industria nacional de equipos de telecomunicaciones, se aplicará el mismo sistema de ponderación que para el resto de cuestiones a tener en cuenta, y, por tanto, si una de las ofertas recoge el compromiso de equiparse o de establecer u fábrica en España, y aporta los avales correspondientes, tendrá más posibilidades de superar en puntos a quien decida traerse parte del equipamiento de fuera.

Esta cuestión es una de las exigencias que el Ministerio de Industria ha llevado al debate interministerial sobre el "paquete" de liberalización de las telecomunicaciones y que finalmente ha sido aceptada.