El texto "elimina la exigencia de crear necesariamente una sociedad de prevención, permitiendo optar a las mutuas por desarrollar su actividad de servicio de prevención ajeno directamente o a través de una persona jurídica diferenciada", según informó hoy el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

El dictamen del Consejo, emitido ayer, se conocerá en las próximas semanas, cuando el Gobierno remita el Real Decreto al Consejo de Ministros.

Sin embargo, entre los requisitos que quiere imponer el Gobierno para que las mutuas sigan realizando esta labor está la de la separación patrimonial y financiera, con personalidad jurídica diferente, entre la mutua y su servicio de riesgos.

Además, Trabajo quiere que se delimite el objeto social de las nuevas compañías segregadas para que se ligue "única y exclusivamente" a la prevención de empresas asociadas, que éstas no se llamen mutuas, sino sociedades de prevención, y que tengan una "total independencia" de las mutuas en cuanto a organización, personal, equipos e instalaciones.