Esta petición forma parte del texto que el Consejo Escolar del Estado enviará al Ministerio de Educación en relación con la reforma educativa anunciada por la ministra, María Jesús San Segundo.

En concreto, la petición de derogar los acuerdos con la Santa Sede se desprende de una enmienda presentada por el sindicato STEs al texto elaborado por la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado y que fue aprobada hoy por el Pleno.

La enmienda señala que el artículo uno de los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede dice que "la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana", lo que "vulnera la Constitución Española".

El resultado de la votación de esta enmienda fue de empate a trece, lo que obligó a la presidenta del Consejo Escolar, Marta Mata, a pronunciarse para provocar el desempate.

El voto afirmativo de Mata y la consiguiente aprobación de la enmienda provocó la indignación de varios de los miembros del Consejo Escolar, como Rosa de la Cierva, de reconocido prestigio, o Luis Carbonel, de CONCAPA.

"Es de una gravedad suma que la presidenta de un organismo oficial como el Consejo Escolar del Estado vote en contra de la Constitución Española. Es absolutamente insultante", dijo De la Cierva.

Esta consejera, miembro de la Conferencia Episcopal, aseguró estar "absolutamente indignada" con que el ministerio denomine "consenso" a una votación en la que han participado sólo 26 de los 80 miembros del Pleno.

FUERA DEL CURRICULO

En relación con la enseñanza de la religión confesional, el Consejo Escolar del Estado opina que debe situarse fuera del currículo escolar y, por tanto, "no debe ser evaluable a efectos académicos por formar parte de convicciones personales y privadas de las personas y no ser del acervo común propio de la institución escolar".

"Así", continúa el texto, "no parece tener sentido el establecimiento de una alternativa para aquellos alumnos que no deseen cursar las enseñanzas de la religión confesional".

En referencia a la admisión de alumnos de diferentes credos o de ninguno, el texto aprobado por el máximo órgano consultivo del Gobierno en materia escolar considera que todos los alumnos deben ser admitidos en los centros sostenidos por fondos públicos.

El Consejo Escolar se muestra contrario a la puesta en marcha de la asignatura Educación para la Ciudadanía, aunque sí ve bien el tratamiento de la educación en valores de forma transversal en todos los niveles y etapas de la enseñanza.

NO A LA REVALIDA

Este órgano consultivo considera "pertinente" que exista una prueba para acceder a los estudios universitarios una vez que los alumnos se encuentren en posesión del título de Bachiller.

"Por tanto", explica el texto, "el citado título de Bahciller no debe estar subordinado a la superación de una prueba de acceso. La prueba deberá respetar la especificidad curricular de las diferentes administraciones educativas".

De esta manera, el Consejo Escolar del Estado se muestra contrario a la reválida y apuesta por una única prueba de acceso a la Universidad.

SI A LA DIVERSIDAD

En relación con la incorporación del alumnado extranjero al sistema educativo, el Consejo Escolar del Estado sostiene que debe llevarse a cabo tanto en la red pública como en la red privada concertada.

"Las administraciones educativas tendrán que dotar a los centros de los recursos humanos y materiales para llevar a cabo dicha incorporación con garantías de éxito. Los alumnos inmigrantes y sus familias deberán gozar de los mismos derechos y obligaciones que el resto de los alumnos", indica el documento.

En esta línea propone la puesta en marcha de una batería de medidas, entre las que se encuentra la formación del profesorado en materia de interculturalidad, la incorporación de profesores de apoyo, la reducción del número de alumnos por aula, la creación de aulas de acogida y enlace o el reforzamiento de la figura del tutor.

En cuanto a la puesta en marcha de un programa experimental en zonas y centros de atención preferente, el Consejo Escolar cree que "puede ser una experiencia positiva", si bien "convendría evitar el peligro de aumentar la condición marginal de algunos centros, por lo que sería deseable plantearse las actuaciones en zonas preferentes y no en centros individualmente considerados".