El consejo señala en un comunicado que ya esperaba este fallo judicial.

A su juicio, el tribunal europeo ha sentenciado contra la legislación española por considerarla excesiva respecto a los objetivos de represión del fraude e ir contra el principio de libre circulación de capitales.

En su fallo, el tribunal europeo declara que “España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio de libre circulación de capitales.

“La obligación de presentación del ‘modelo 720’ (formulario para la declaración) y las sanciones derivadas del incumplimiento o del cumplimiento imperfecto o extemporáneo de dicha obligación, que no tienen equivalente en lo que respecta a los bienes o derechos situados en España, establecen una diferencia de trato entre los residentes en España en función del lugar de localización de sus activos. Esta obligación puede disuadir a los residentes de ese Estado miembro de invertir en otros Estados miembros, impedirles hacerlo o limitar sus posibilidades de hacerlo, y constituye, por tanto, una restricción a la libre circulación de capitales”, indica la resolución judicial.