El CES-A valora el texto legislativo, cuyo objetivo básico es la ordenación de los servicios y establecimientos farmacéuticos de Andalucía, así como garantizar un acceso adecuado y de calidad a los medicamentos, fomentando su uso racional y propiciando la mejora de los niveles de salud de la colectividad.

Del mismo modo, entiende que la futura Ley -que deberá adecuarse al marco estatal y de la nueva Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios- sirve de apoyo legislativo a las estructuras farmacéuticas del Sistema Sanitario Público de Andalucía y quedará integrada en la política sanitaria llevada a cabo en Andalucía, según informó en una nota la Junta.

Entre los elementos más relevantes de la nueva Ley, el Consejo Económico y Social de Andalucía destaca la necesidad de conjugar los aspectos relativos a la iniciativa empresarial privada con la adecuada asistencia farmacéutica a la población, debido a la consideración que tienen las oficinas de Farmacia como establecimientos sanitarios privados de interés público, sujetos a planificación sanitaria.

Además, el Dictamen destaca la novedosa propuesta de creación de espacios de dispensación y distribución farmacéutica distintos a las oficinas de farmacia, que vienen a responder a las nuevas realidades en atención sociosanitaria de colectivos, como personas en situación de dependencia o población reclusa.

Sin embargo, considera necesaria la limitación de este servicio a pacientes que previamente han sido asistidos en centros sanitarios o sociosanitarios, dentro del marco competencial establecido por la legislación estatal.

Entre las sugerencias realizadas por el Consejo Económico y Social de Andalucía, destaca la necesidad de intensificar en el ámbito de la Ley los espacios de participación y colaboración tantos de los agentes económicos y sociales como de las organizaciones de consumidores y usuarios.

En este sentido, propone la presencia de éstas para el asesoramiento y el seguimiento en las Comisiones Asesoras de uso racional de los Medicamentos, tanto a nivel regional como en la atención primaria, así como la creación de una comisión especializada dentro del Consejo Andaluz de Salud.

Finalmente y atendiendo a la especial relación económico administrativa existente entre las organizaciones empresariales del sector farmacéutico y la administración sanitaria farmacéutica, se propone el establecimiento de la presencia preceptiva y exclusiva de las organizaciones empresariales más representativas en los procedimientos, actuaciones y convenios que afecten al ámbito de las prestaciones económicas entre las oficinas de farmacia y la Administración sanitaria en que participe la Junta de Andalucía.

Todo ello, con el objetivo de garantizar una efectiva participación y defensa de los intereses empresariales de los titulares de farmacias.