Así lo precisó este miércoles dicho organismo en un comunicado en el que explicó que el protocolo contempla “promover la colaboración regular y estable” entre las entidades firmantes a través de actividades comunes y mediante los instrumentos jurídicos “oportunos”, con el fin de “prevenir y combatir la vulneración de los legítimos derechos” de los consumidores.

En concreto, el protocolo incluye la adopción de procedimientos para una comunicación “fluida”, procurando canales “ágiles” para la recepción de información, con el objetivo de “prevenir y combatir actuaciones fraudulentas o lesivas”.

En paralelo, contempla la realización de acciones formativas destinadas a la formación jurídica de técnicos de consumo, vinculados a las administraciones públicas, asociaciones de consumidores y usuarios y fiscales.

Junto a ello, prevé la elaboración de un plan anual de actuación y la creación de grupos de trabajo para las diferentes actuaciones a realizar, pudiendo también invitar a participar en las reuniones a representantes de otros departamentos ministeriales, comunidades autónomas, entidades locales, organizaciones empresariales y sindicales o a los agentes sociales cuya “colaboración se considere oportuna”.

El protocolo también hace referencia a la Nueva Agenda del Consumidor de la Comisión Europea, aprobada para el periodo 2020-2025, que tiene como objetivos hacer frente a los nuevos retos en materia de derechos y oportunidades de capacitación de los consumidores “planteados”, según el Consejo de Consumidores y Usuarios, por las transiciones ecológica y digital; proteger “más eficazmente” a los consumidores “vulnerables” y abordar la “importancia creciente” de la cooperación internacional para “garantizar los derechos de los consumidores en la era de la mundialización”.