El informe del Consejo Consultivo será presentado a los grupos parlamentarios, previsiblemente, el 5 de septiembre después de un mes de trabajo de los siete consejeros que componen este órgano, y que son juristas catalanes de reconocida competencia con más de siete años de experiencia profesional.

La designación de los miembros del Consejo Consultivo corresponde al presidente de la Generalitat, que elige a dos de ellos, y el Parlamento catalán, que se encarga de seleccionar a los otros cinco por mayoría de tres quintas partes de los diputados autonómicos.

Una vez que la Cámara Catalana cuente con el dictamen del Consejo, se dará el pistoletazo de salida a la última etapa de la tramitación de la propuesta estatutaria, que el Ejecutivo autonómico quiere tener aprobado a finales de septiembre para llevarlo al Congreso de los Diputados.

A partir de la presentación del informe, se abrirá un nuevo periodo de presentación de enmiendas para adaptar el texto aprobado en Comisión a las disposiciones del Consejo Consultivo, con el fin de celebrar en la última semana de septiembre, del 26 al 30, el Pleno en el que se debatirá la proposición de ley y las enmiendas de los grupos parlamentarios.

La aprobación de la reforma del Estatuto requiere una mayoría de dos tercios del Parlamento catalán, con lo que el tripartito formado por PSC, ERC e ICV/EUiA necesita recabar el apoyo de CiU.

Una vez aprobado en la Cámara catalana, la reforma se tramitaría como ley orgánica en las Cortes Generales, y deberá conseguir el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados para, finalmente, formalizar el apoyo de los ciudadanos catalanes mediante un referéndum.