Cano Bueso añadió que el Consejo Consultivo ha constatado que la proposición de ley supone un "indudable avance" en la profundización del autogobierno de la Comunidad Autónoma.

Añadió que el sistema de financiación elegido por el legislador "no es contrario" a la Constitución y que el texto realiza un esfuerzo permanente por adecuar las normas jurídicas "a la realidad política, social y económica subyacente tras 25 años de vigencia del actual Estatuto".

Según explicó en Sevilla Cano Bueso, el pleno del Consejo Consultivo también ha realizado en su dictamen una serie de reflexiones con la intención de abrir un debate sobre una nueva regulación del Régimen Local, "que tenga más en cuenta el Estatuto y menos Ley de Bases del Estado", que calificó de "timorata".

"El objetivo es que, repetando la autonomía local, cada comunidad autónoma pueda hacer su propia política en materia local", añadió.

DERECHOS SOCIALES

El informe de los consejeros incluye, asimismo, un "análisis positivo" sobre el catálogo de derechos sociales recogidos en la proposición de Ley y sobre las consideraciones relativas a la apertura de Andalucía hacia el exterior.

Por otra parte, el dictamen, de 190 páginas, subraya la necesidad de introducir "algunas apelaciones a títulos de la normativa estatal" en materia de derecho laboral, legislación civil y ordenación del crédito y de la banca.

"Se han dado por buenas las tipologías competenciales establecidas desde el entendimiento de que la lectura que el Estatuto tiene que hacer de esas competencias ha de estar anclada en la Constitución Española", indicó el presidente del Consejo Consultivo, según informa la Junta andaluza.

El texto introduce también la recomendación de que el futuro Estatuto de Autonomía contega un preámbulo, del que la proposición de Ley carece, y que se suprima del Artículo 1 la referencia al pueblo andaluz "como poder constituyente o titular de soberanía".

A juicio de los consejeros, "el anclaje" del Estatuto, desde el punto de vista constitucional, tiene que estar únicamente en la Constitución Española.

En relación a la reivindicación de las competencias de Andalucía sobre la Cuenca del Guadalquivir, el Consejo Consultivo prevé una "solución autonómica".

Según su criterio, la Comunidad Autónoma puede asumir las competencias de carácter hidrológico, ya que, según lo dispuesto en el artículo 148 de la Constitución Española, tiene un "interés específico" sobre este tema y es competente en materias "conexas" como las obras públicas, la ordenación del territorio o el medio ambiente.

Así, el Consejo recomienda la incorporación directa de la Cuenca del Guadalquivir entre las competencias de la comunidad recogidas en la proposición de Ley para la Reforma del Estatuto, aunque la planificación general del ciclo del agua, las obras de interés general y las normas básicas sobre medio ambiente quedarían en manos del Estado.