También el amianto y las posibles fibras alternativas tendrán un lugar en el debate, así como la protección de la salud de los trabajadores en contacto con agentes químicos. Finalmente, los derechos de los empleados inmigrantes ofrecen al Reino Unido la posibilidad de incorporarse a la política social comunitaria.

En plena batalla comunitaria contra el paro, los ministros traarán el tema del empleo no sólo en la agenda habitual, sino durante el almuerzo. En él, intercambiarán información sobre los planes nacionales de lucha contra el desempleo, que tendrán que presentar definitivamente antes del 15 de abril a la Comisión.

El programa de trabajo sobre empleo y mercado laboral incluye una novedad: la propuesta española de que cualquier política comunitaria en vías de adopción considere sus consecuencias en el ámbito del empleo.

La iniciativa del ministro Javier Arenas retende prever los posibles cambios en las políticas comunes que, por adoptarse por mayoría cualificada, no necesitan del acuerdo de todos y, sin embargo, pueden conllevar graves cargas de desempleo a ciertos países. Es el caso, por ejemplo, de la Política Agrícola Común.

Esta consideración está, según la delegación española, plenamente amparada por el Tratado de Amsterdam, que recoge la preocupación por el empleo en el título VII. España querría que el texto recogiera literalmente la redacción del trtado. Sin embargo, no es probable que se adopte la emnienda española.

SOCIEDADES EUROPEAS

El tema de las sociedades europeas, que lleva nada menos que 25 años aparcado en la mesa del Consejo, es de gran importancia para el Reino Unido, que ocupa la presidencia actualmente. Se trata del proyecto de la V Directiva, que regularía el establecimiento de sociedades europeas, en las que participen dos o más sociedades -empresas o no- de diferentes estados miembros. El punto más conflictivo de esta propuest es la diferencia entre los modelos de negociación con los trabajadores.

En primer lugar, se da prioridad a las negociaciones libres entre patrones y trabajadores. Sin embargo, cuando éstos no lleguen a un acuerdo, la directiva podría obligarles a adoptar el modelo de cogestión empresarial, por el que los trabajadores deben sentarse también en el consejo de administración, en una proporción de 1/5 del total o, al menos, 2 personas. España, Italia, Portugal e Irlanda se oponen a esta decisión, ya que ete sistema carece de tradición en sus países.

Sin embargo, quedan por despejar temas como la transformación de una sociedad nacional en una europea y la regulación de "holdings", filiales, etc., así como el respeto a los derechos adquiridos ya en los países de origen. En cualquier caso, no es un tema a decidir mañana, sino que quedará irremediablemente pospuesto hasta el Consejo de Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales previsto para junio.

Por otra parte, los ministros tratarán de acelerar la rvisión de la directiva sobre las fibras alternativas al amianto. La delegación española no oculta su preocupación por estas alternativas, que de momento no dan garantías sanitarias y podrían ser de carácter carcinógeno. En el peor de los casos, seguirán las investigaciones y se mantendrá el uso regulado del amianto, ya legislado a nivel nacional e internacional. El comité científico presentará sus conclusiones en junio, probablemente.

El Consejo también reexaminará y adoptará, probablemente con la opoición de Italia, una serie de leyes sobre los valores límites indicativos de los agentes químicos en el lugar de trabajo. Estas decisiones obligarán a los estados miembros a establecer valores nacionales y crearán la figura del intermediario entre los interlocutores sociales para aspectos de seguridad y salud colectiva.

Finalmente, los Quince revisarán los reglamentos de la UE en materia de seguridad social de los trabajadores migrantes, al cual podría incorporarse también Gran Bretaña, en un paso máspor adaptar sus leyes sociales a las comunitarias. Sin embargo, no se podrán adoptar todas las enmiendas por faltar todavía el dictamen del Parlamento Europeo.