Esa asistencia legal se realizó "con escrupuloso respeto a la ley y a los derechos de los inmigrantes, como se hace en todos los casos", indicó el citado Consejo en una nota de prensa.

El CGAE hizo estas valoraciones a raiz de un informe presentado ayer en el Congreso por la adjunta primera del Defensor del Pueblo, Maria Luisa Cava de Llano, según el cual el procedimiento de devolución aplicado a los inmigrantes fue incorrecto y la asistencia letrada prácticamente nula.

El Consejo de la Abogacía lamenta que un conflicto que cogió por sorpresa a todos los servicios de defensa y de seguridad, y que obligó a intervenir a las más altas instancias del Estado y hasta a Bruselas, se quiera zanjar "poniendo bajo sospecha los excelentes servicios de asistencia jurídica que prestan los Colegios de Abogados".