La construcción de desaladoras en las comunidades costeras es unos de los proyectos que más impulsa el actual Gobierno español para hacer frente a las necesidades de agua tanto de la población como para el riesgo en agricultura.

Estas declaraciones las realizó González Pons en el marco de las jornadas sobre el comercio de derechos de emisión de CO2. Retos y Oportunidades" organizadas por la Universidad Cardenal Herrera, de las que informó la Generalitat.

González Pons indicó que, si bien el expediente que presenta la Comunidad Valenciana en el cumplimiento de Kioto es más que positivo, con menos emisiones por parte de las empresas de las que tenían derecho, y con datos de emisiones, tanto de CO2 por habitante como por PIB por debajo de la media, la realidad de algunas actuaciones "generan, cuanto menos, cierta incertidumbre".

Una incertidumbre, prosiguió el conseller, que pivota sobre tres ejes de riesgo: la desaparición de hábitats, la desertificación y el incremento de emisiones.

"Precisamente una de las actuaciones más nefastas para la región es sin duda la propuesta de desalinización en nuestro litoral. Para desalinizar 200 hectómetros cúbicos, que son las desalinizadoras previstas para la Comunitat, es necesario un consumo energético que se traducirá en unas emisiones de 1.300.000 toneladas de CO2, las mismas que tiene asignado todo el sector cerámico" valenciano, advirtió.