Vallés, cuya carta se publica en el último número de "The Economist", que sale hoy, hace una serie de puntualizaciones a una información publicada por el semanario sobre el Estatut, en la que se aseguraba que Cataluña tendría una autoridad judicial suprema que, en esa comunidad autónoma, haría las veces del Tribunal Constitucional.

El consejero puntualiza que a lo que aspira el nuevo Estatut es a asumir el pleno control del personal de la administración de justicia (no de los jueces) y a participar en ciertos nombramiento judiciales.

Los tribunales y los jueces de Cataluña, prosigue Vallés, seguirán siendo nombrados de acuerdo con la ley española. "Esto no es ni una judicatura separada, ni siquiera un sistema judicial federal como el que existe en Canadá, Alemania y Estados Unidos. No obstante, pensamos que esta prudente reforma mejora la eficiencia del sistema judicial en Cataluña y en el resto de España".