Esta cuestión viene motivada como consecuencia de la demanda interpuesta por un empresario pacense contra el presidente autonómico, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, por unas manifestaciones que éste realizó en una sesión plenaria.

Este empresario solicita ensu demanda contra Rodríguez Ibarra 100 millones de pesetas "por los daños morales causados como consecuencia de la lesión en el honor e imagen del demandante".

El consejero se refirió al debate que ayer mantuvieron los grupos parlamentarios durante la reunión de la Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura y señaló que habría que matizar algunos de los aspectos destacados en el transcurso de esta reunión por la oposición.

Señaló igualmente que la Cámara extremeña podía haber adoptado ayr una posición concreta y añadió que hubiera sido conveniente que los afectados, es decir, los diputados de la Asamblea, hagan pronunciamientos consensuados y no dispares.

"No creo que el fondo del asunto merezca realmente la pena en la vida política extremeña", dijo el consejero, quien añadió que "indiscutiblemente, este tema se ha supradimensionado".

En su opinión, todas las fuerzas políticas que existen en la Comunidad Autónoma de Extremadura deberían ponerse de acuerdo y no utilizar el recurs de la descalificación a otras personas.