EL CONSEJERO DE ECONOMIA DEL GOBIERNO CANTABRO SERA JUZGADO POR UN DELITO DE PREVARICACION
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El consejero de Economía del Gobierno de Cantabria, Manuel Pérez, se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 13 de abril, como supuesto autor de un delito de prevaricación por haber retenido los Fondos de Cooperación Interterritorial destinados a los ayuntamiento de la región, hecho que fue denunciado por los consistorios de Corvera de Toranzo y Torrelavega.
Esta es la segunda vez que Pérez será juzgado por este motivo, ya que los ayuntamientos de Corvera y Camargose querellaron anteriormente contra el consejero de Economía, quien fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ante "la ignorancia invencible" que mostró sobre la ilegalidad de la retención de los fondos.
Esa sentencia provocó un gran malestar en círculos judiciales cántabros, al entender que por este motivo muchos delitos podían quedar sin castigo al desconocer los infractores la ley.
La Sala de lo Civil y Penal de Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ya ha enviado a lo alcaldes de Corvera de Toranzo, José Luis Quevedo, y de Torrelavega, Blanca Rosa Gómez, la citación para que comparezcan como testigos en la vista oral.
La citación ha causado sorpresa, ya que el presidente del tribunal, Claudio Movilla, había anunciado que el juicio contra el consejero de Economía se celebraría cuando finalizase la vista oral que se sigue contra el presidente de Cantabria, Juan Hormaechea, y los nueve miembros de su primer equipo de Gobierno, acusados de los delitos de malversación e fondos públicos y prevaricación.
La suspensión de esta vista oral, motivada por la incomparecencia en los dos primeros días del juicio del abogado del ex consejero de Ganadería, Vicente de la Hera, ha permitido que la causa contra Manuel Pérez pueda verse mientras se reanuda.
La retención de los Fondos de Cooperación Municipal es ilegal, según se recoge en la primera sentencia absolutoria a favor de Pérez, al ser la Administración autónoma únicamente un transmisor entre la Administración centra y las corporaciones locales.
Sin embargo, el consejero de Economía del Gobierno regional retuvo este dinero hasta que los ayuntamiento cántabros regularizasen con la Diputación Regional sus deudas por los conceptos de agua, luz, basuras y otros servicios.
Los alcaldes que se querellaron contra Manuel Pérez consideran que esta acción, además de ilegal, es una "medida de coacción" contra los municipios.
(SERVIMEDIA)
02 Abr 1994
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