EL CONSEJERO DE ECONOMIA DE CANTABRIA NO DIMITIRA A PESAR DE QUE EL SUPREMO LE INHAILITO PARA DOS AÑOS

-El Gobierno de Cantabria cuenta en la actualidad con un presidente condenado y un consejero con sentencia firme

SANTANDER
SERVIMEDIA

El consejero de Economía del Gobierno de Cantabria, Manuel Pérez, no dimitirá de su cargo a pesar de que el Tribunal Supremo (TS) confirmó ayer la sentencia impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que le condenaba a dos años de inhabiltación para cargo público y una multa de 25 millones de pesetas por malversación continuada de caudales públicos.

Pérez anunció hoy que, "aunque me lo pide el cuerpo, esperaré hasta que se produzca el traslado del fallo para adoptar una decisión", ya que a su juicio la sentencia es desproporcionada. "Será legal, pero creo que es injusta y desproporcionada", añadió.

La confirmación de la condena por parte del TS de la sentencia de Manuel Pérez ahonda aún más la precariedad del Gobierno de Cantabri, dirigido por Juan Hormaechea, condenado por el TSJC y a la espera de conocer la resolución que adopte el Alto Tribunal en su recurso, y que ejerce en funciones desde que presentó su dimisión tras la decisión judicial.

En la actualidad, el Gobierno de Cantabria está formado por seis personas (incluidos el presidente y el condenado Pérez), de los cuales sólo dos pertenecían al Ejecutivo diseñado por Hormaechea al inicio de la legislatura y que estaba formado por nueve personas.

Esta "interinidad"se refleja también en la Asamblea regional, donde el Gobierno está sustentado por tan sólo ocho diputados (39 forman la Cámara). El presidente del Ejecutivo no comparece en el Parlamento cántabro desde enero de 1994.

La condena de Manuel Pérez y su decisión de no dimitir, "porque tengo la conciencia tranquila", ha provocado indignación en los partidos de la oposición a Hormaechea.

Mientras PSOE, Partido Regionalista e IU califican la situación de "insostenible", el PP recuerda a través de un comuicado que su partido mantiene la tesis de que un político condenado debe abandonar su cargo.

(SERVIMEDIA)
05 Abr 1995
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