Los ecologistas consideran que esta situación contraviene la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del CSN, en su artículo sexto, que señala: "Los cargos de presidente, consejeros o secretario general del CSN son incompatibles con cualquier otro cargo o función, retribuida o no, percibiendo exclusivamente, por toda la duración de su mandato o cargo, la retribución que se fij en atención a la importancia de su función".

El CSN es el responsable en última instancia de la seguridad de las instalacines nucleares y radiactivas y sus decisiones son vinculantes. La independencia de este organismo de las compañías eléctricas y del Estado, como pretende la Ley de Creación del CSN, es importantísima, subraya Aedenat en un comunicado.

"Sin embargo, de los cinco consejeros que forman el Consejo de Seguridad Nuclear, dos han estado en situación irregular durante dos años y otro ás continúa ilegalmente, al ocupar un alto cargo en un organismo como el CIEMAT, que posee instalaciones radiactivas y que en estos momentos está realizando junto con Enresa investigaciones en Nombela (Toledo) tendentes a la construcción de un cementerio de residuos nucleares de alta actividad", señala la nota.

Los dos consejeros del CSN a los que se refiere Aedenat son Rafael Caro Manso y Eduardo González Gómez, que desde el 24 de octubre de 1990 ocupaban sus cargos desde hacía más de seis años, plaz máximo que fija la ley. Estas dos personas fueron renovadas en sus cargos el pasado 24 de noviembre por la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados.

Aedenat está a la espera de que el Tribunal Supremo falle el recurso contencioso-administrativo que interpuso en diciembre de 1991 contra las resoluciones del CSN en las que la presencia o el voto de Eduardo González Gómez hayan resultado decisivos.

Servimedia intentó hoy recabar una versión del CSN sobre la situación de Sarmiento Almeida sin resultados positivos por la festividad de la Inmaculada que se celebra en Madrid.

La Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza "entiende que lo denunciado es una prueba más de la extrema dificultad, quizá de la imposibilidad, de que exista un organismo independiente de las compañías eléctricas y del Estado" en esta materia.