Estas irregulaidades se reflejan en un informe conjunto sobre las cuentas generales del Gobierno vasco que fue presentado el pasado mes de marzo.

Las irregularidades se detectaron en 38 casos de empresas beneficiarias de 7.486 millones de pesetas, destinados a excedentes de trabajadores, porque sus planes estratégicos conllevaban el cierre definitivo de la empresa. Sin embargo, este cierre no se produjo y el dinero del 'Plan 3-R' sí se recibió.

Además, el Tribunal Vasco de Finanzas ha detectado la concesión deayudas a empresas cuya plantilla superaba los límites fijados por la regulación del plan. Respecto al programa 'Garape', se denuncia que podría ser anulado, ya que no se están cumpliendo las condiciones pactadas.

Ayer, la Consejería de Industria señaló que se trata de opiniones parciales, unilaterales y simplistas. Además, según afirma, muestran escaso conocimiento en materia de fiscalización.