Así lo establecen dos sentencias que los Juzgados de lo Social nº 4 y nº 6 de Las Palmas que declaran válidas las titulaciones de las profesoras despedidas, por lo que cae el argumento de ineptitud sobrevenida esgrimido por la Consejería.

Según explica la Confederación Canaria de Trabajadores, el Gobierno canario tendrá que abonar 139.623,84 euros y 123.832,80 euros de indemnizaciones, y 72.000 euros de salarios de tramitación por ambas profesoras.

La Confederación Canaria de Trabajadores critica este "derroche de las arcas públicas canarias", pese a que el Gobierno central ha recomendado que en caso de despido improcedente de empleados públicos se opte por la readmisión, y no por indemnizarlos.