Dicha reforma, que será aprobada en el Consejo de Ministros del próximo viernes o en el del viernes 29 de julio, último antes de las vacaciones, forma parte de una puesta al día que el Gobierno va a llevar a cabo ante la entrada en vigor de los nuevos estatutos de autonomía.

Las fuentes consultadas por Servimedia explicaron que la consideración del euskera, catalan y gallego como "mérito" determinante y no como "requisito" indispensable se explica porque en algunas de esas comunidades sería imposible exigirlo como requisito. De hacerlo así, la plaza podría quedar desierta por falta de candidatos que aunaran los conocimientos técnicos necesarios y el de la lengua vernácula.

A partir de ahora, conocer esa segunda lengua puntuará de forma equiparable a los tradicionales baremos que se han utilizado para conceder una plaza de juez o magistrado: antiguedad, publicaciones (libros propios o artículos en revistas especializadas) entre otros.

Por otro lado, la reforma de la LOPJ que va a aprobar el Ejecutivo este mes regulará la creación de los Consejos del Poder Judicial autonómicos, como se contempla ya en algunos proyectos de reforma de estatutos de autonomía, como en el catalán, aunque no en el mismo sentido que se le da en ese texto.

El Gobierno ha decidido que la creación de cada Consejo se hará por delegación de competencias del Consejo General del Poder Judicial, mediante la correspondiente ley que se aprobará en las Cortes y no bastará con su inclusión en el estatuto de autonomía reformado de la autonomía que lo solicite.

Además de las reformas antes señaladas, el anteproyecto de ley de reforma del Poder Judicial que el Ejecutivo va a enviar al Consejo de Estado y al CGPJ para que emitan su informe preceptivo incluye, según ha podido saber Servimedia, la consideración de los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad como última instancia a la que recurrir, dejando para el Tribunal Supremo la labor de unificación de doctrina.

Desde el Ejecutivo, además de la explicación política de que la reforma de los estatutos de autonomía requiere esa modificación de la LOPJ, se argumenta también que es necesario desatascar el alto número de asuntos que se acumulan en algunas Salas del Tribunal Supremo como la Civil, y la reforma ayudará a ello.

Esta modificación contará, a buen seguro, con la ya anunciada oposición de la mayoría conservadora del CGPJ, pero el Ejecutivo, según las fuentes consultadas, está resuelto a llevarla adelante.

Y no sólo eso, el Gobierno va a cambiar también el sistema de cobertura de vacantes para la elección de los magistrados miembros de las salas de los Tribunales Superiores de Justicia.

Ahora, el Pleno del CGPJ los nombra por mayoría no cualificada, con lo que los once vocales conservadores logran imponer las composiciones de esas Salas en toda España con magistrados afines a la APM (Asociación Profesional de la Magistratura), dicen en fuentes próximas al Ejecutivo.

A partir de ahora, tal como se hizo en diciembre pasado para la elección de magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y presidentes de Audiencias Provinciales, la elección de los magistrados integrantes de las Salas se hará por mayoría cualificada que obligue a los sectores conservador y progresista del CGPJ a negociar una composición "más equilibrada de las mismas".