El texto, que sólo contó con el respaldo del Grupo Mixto, IU y PNV, proponía la moificación del artículo 29 del Estatuto del Ministerio Fiscal, para incluir la obligación de los candidatos de comparecer ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso.

Así, el aspirante propuesto por el Gobierno entre juristas de prestigio con más de quince años de ejercicio profesional activo sería examinado por los diputados después de una audiencia del Consejo General del Poder Judicial, y no podría permanecer en su cargo más de cinco años.

La diputada de Nueva Izquierda Cristina Almeid, que defendió la propuesta, advirtió que un fiscal general convertido en "servidor" del Gobierno pierde credibilidad, y consideró que las funciones que recaen en él requieren el máximo consenso entre las fuerzas políticas, a pesar de que el nombramiento sea competencia del Ejecutivo.

Almeida subrayó algunas actitudes "contrarias al principio de legalidad" del actual fiscal general, Jesús Cardenal, y su "deseo ferviente de desprestigiar" determinadas decisiones judiciales, y recordó que este texto cumlía con la moción aprobada por la Cámara hace un año, en la que se reclamaba una mayor democratización del sistema de designación del fiscal.

Sin embargo, el portavoz de Justicia del Grupo Popular, Andrés Ollero, lamentó la "actitud interesada de permanente sospecha" sobre la actuación de la Fiscalía, y criticó a quienes actúan "frívolamente por intereses de partido" culpando al Gobierno de las decisiones de la Fiscalía que no comparten.

Entre las carencias que achacó al texto propuesto, subrayó ue no exige la nacionalidad española al candidato, no se tiene en cuenta la posibilidad de que haya varios aspirantes, y se excluye al Senado del trámite de designación.

Además, reprochó los intentos de convertir a la Cámara en un "tribunal de oposiciones" al proponer que examine a los candidatos, y advirtió que limitar el mandato del fiscal general sería discriminatorio respecto a otras instituciones, como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional.

Por su parte, el sociaista Alvaro Cuesta consideró que esta propuesta debería estar englobada en un pacto de Estado por la Justicia, si bien lamentó la "hipertrofia degenerativa" que sufre la Fiscalía, y su "debilidad" en la defensa de los valores constitucionales.

Aunque compartió la necesidad de que la Fiscalía sea controlada por el Parlamento, consideró que la proposición debatida "rebasa" el ámbito de la moción aprobada en su día por el Congreso y "se desliza en una vulneración del diseño constitucional del funcionamieto del Ministerio Fiscal".

Pablo Castellano, portavoz de Justicia de Izquierda Unida, acusó al Gobierno de incumplir su promesa de remitir a la Cámara un proyecto de reforma del Ministerio Fiscal y respaldó la propuesta tras subrayar que es susceptible "de todo tipo de enmiendas".

El portavoz de CiU, Manuel José Silva, rechazó el texto por entender que supone un paso adelante hacia el "fiscal parlamentario", con el que su grupo no está de acuerdo, mientras que Margarita Uría, del PNV, lo respaldópor defender que esta institución se acerque lo más posible al Parlamento.