Los portavoces de PSOE, Sumar, PP, Vox, ERC, Podemos, Bildu y BNG aseguraron que votarán a favor de la toma en consideración de la ILP, que pide modificar los artículos 14 y 33 de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia.

El presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez, asistió al debate de la iniciativa desde la tribuna del Congreso, acompañado por varios representantes del Comité.

En su defensa ante la Comisión de Sanidad hace 15 días, Pérez subrayó que esta ILP “arrastra casi diez años de demora", desde 2015, "por falta de impulso y compromiso político e institucional”, un retraso que “ha generado frustración y desafección”. Esta es la cuarta vez que la ILP se registra en las Cortes, que ya la admitieron a trámite en dos ocasiones. "Esperamos que esta sea la definitiva”, reclamó Pérez.

CAMBIOS

Con casi 740.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas mayores de edad, la ILP pide modificar la Ley 39/2006 para incluir una serie de medidas que pongan fin a lo que, a su juicio, resulta “un copago confiscatorio” por los servicios de dependencia.

Para empezar, reclama que la norma incluya “unos criterios sobre determinación de la capacidad económica y sobre la participación en el coste iguales y vinculantes para todas las comunidades”, que después podrían ser desarrollados reglamentariamente y complementados por las autonomías.

Entre otros mínimos, propone la exención de 1.500 euros (2,5 veces el Iprem) en todos los servicios y prestaciones del sistema (“también el residencial”), limitar la aportación máxima de la persona al 60% del coste del servicio que reciba, y asegurarle siempre el 40% del Iprem como renta disponible (dinero de bolsillo). También defiende que “la edad o el momento de aparición de la situación de dependencia” y su prolongación estimada sean tenidos en cuenta como nuevos criterios para determinar la capacidad económica de una persona, “proyectándose sobre su renta y sobre su patrimonio".

ENMIENDAS

Los grupos nacionalistas criticaron “la invasión de competencias autonómicas” en la que, a su juicio, incurre esta ILP, que varias formaciones enmendarán.

Maribel Vaquero, del PNV, apuntó que “ya “nos opusimos en 2006 a la Ley de la Dependencia, por entender que atenta contra la competencia exclusiva de las comunidades autónomas en servicios sociales, y consideramos que esta iniciativa profundiza en el mismo error”.

Alude al artículo 149.1 de la Constitución para reclamar la potestad de regulación estatal, explicó, pero este “establece un principio rector, no competencial”. El desarrollo reglamentario de las aportaciones por parte de los beneficiarios de los servicios sociales “corresponde a las comunidades autónomas y, en el caso de Euskadi, a las diputaciones provinciales”, precisó.

Vaquero agregó que el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia “ha alcanzado un grado de desarrollo muy distinto en las comunidades autónomas”, y "no se puede pagar igual por lo que cuesta diferente”. En Euskadi, el sistema ofrece muchas más prestaciones, que además “tienen un precio mayor”, defendió. Según Vaquero, “sí merecería la pena entrar a debatir sobre la financiación de los servicios sociales”, que es “la razón por la que esta iniciativa nunca ha prosperado”.

Por parte de Junts, Josep Maria Cruset expresó su temor a que esta ILP suponga “una recentralización de las competencias de servicios sociales en del Estado”, que además “se ha mostrado incapaz de aportar la financiación que necesita el Sistema de Atención a la Dependencia”.

Denunció que “ha incumplido sistemáticamente” su obligación legal de aportar la mitad de la financiación al sistema, crítica que compartió con Jordi Salvador, de Esquerra Republicana de Cataluña. A su juicio, “resulta inaceptable que, en diez años, la Generalitat haya tenido que aportar casi cuatro veces más que el Estado” para garantizar las prestaciones de la dependencia.

Salvador lamentó que esta iniciativa “lleve congelada desde 2015” y avanzó su apoyo a la tramitación, “por higiene democrática”, aunque anunció su intención de presentar enmiendas. Entre otros puntos, defendió “la eliminación total del copago, o limitarlo a las rentas más altas”, y exigió que, en todo caso, “se regule reglamentariamente desde Cataluña”.

También la representante de Bildu, Isabel Pozueta, anunció su voto favorable a la toma en consideración de la ILP, porque “consideramos que busca mejorar los derechos de las personas en situaciones de dependencia de todo el Estado”, aunque subrayó que su programa político pasa por “avanzar hacia un modelo vasco de cuidados público y comunitario”. Además de la invasión competencial, otras posibles enmiendas a la norma por parte de Bildu tendrían que ver con la consideración del patrimonio a la hora de calcular el copago y con garantizar más dinero de bolsillo a disposición de los usuarios.

MÁS FONDOS

Martina Belarde (Podemos) y Néstor Rego (BNG) avanzaron su respaldo a la ILP, pues estimaron urgente aumentar la financiación para corregir los déficits y recortes que arrastra el sistema.

Para la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, este Gobierno ha realizado "un esfuerzo importante” en cuanto a inversión en dependencia, y afirmó que “avanzamos, pero no lo suficiente”. “España dedica el 0,8% de su PIB al sistema de cuidados, cuando la media del entorno de los países europeos es del 1,5%”, apuntó.

En su opinión, este déficit “descansa sobre los hombros de las familias, que asumen los cuidados sin cobrar nada a cambio, y sobre las trabajadoras del sector“, cuyo salario está un 40% por debajo de la media. “Y, por supuesto, en los propios usuarios”, que en algunas comunidades autónomas llegan a pagar hasta el 80% de los servicios.

“Esto empuja a que muchas familias tengan que mantener a las personas dependientes en el hogar“, y destacó “el impacto de género” que tal decisión comporta, pues “son madres, hijas y parejas las que tienen que renunciar a oportunidades laborales, al tiempo libre y al desarrollo personal” para asumir estos cuidados.

Martínez admitió que “el Estado debe aumentar su aportación al Sistema de Dependencia, y algunas comunidades, también”. Por eso, “nos llama tanto la atención que hace solo unas semanas ciertos grupos votasen en contra de la senda de gasto que habría permitido incrementar la financiación autonómica para dependencia”. “Por coherencia, pediremos a los grupos de la Cámara que voten sí a unos presupuestos de los que depende la posibilidad de que se pueda aumentar la financiación para dependencia y, en consecuencia, reducirse el copago”, declaró.

La portavoz del PSOE, Inés María Plaza, valoró “el trabajo del Cermi” para sacar adelante esta iniciativa legislativa popular, que “por supuesto vamos a apoyar”. A su juicio, “debemos recuperar el espíritu con el que nació esta ley”, que el PP “retorció con sus recortes”.

QUE SE TRAMITE

La responsable del Partido Popular, Violante Tomás, saludó también a los representantes de Cermi y afirmó que, “si éste lo pide, por lo menos habrá que debatir su propuesta”. De hecho, “deseo que no se guarde en el congelador XXL que el Gobierno tiene para todas aquellas iniciativas que proceden del Senado impulsadas por el PP o que no le interesan”, expresó. “No va a suceder lo mismo con la 'ley mordaza', que el presidente ha regalado a Bildu, ni ocurrió lo mismo con la ley de amnistía, pensada para que el jefe siga en el sillón”, criticó.

Según Tomás, la Ley de la Dependencia nació en 2006 “como un gigante con los pies de barro”, y las modificaciones que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 “tenían como objetivo evitar la quiebra del sistema”.

La diputada María Ruiz, de Vox, mostró su “indignación” por que esta iniciativa lleve cuatro registros en la Cámara desde 2015. “Ya conocemos los trucos de este Gobierno, ampliando los plazos de enmiendas para dilatar la tramitación de las normas”.

Ello se debe a que “a ustedes, la dependencia no les importa”, dijo dirigiéndose al Ejecutivo, ya que “prefieren usar nuestro dinero para otras cosas que les son más rentables, como beneficiar a los terroristas, pagar a sus amigos de las asociaciones Lgtbi y de mujeres o regularizar a 600.000 inmigrantes ilegales”.