El ministro de Defensa, José Bono, explicó los términos de esta misión en la Comisión del Congreso de los Diputados, y recabó el respaldo de todos los grupos con la única excepción de Izquierda Unida. El nuevo despliegue de tropas se desarrollará en la base del aeropuerto de Herat, que ya dirige militarmente España desde el pasado día 1 de junio.

Integrará a 500 militares del Batallón de Infantería Ligera de San Quintín, con tres compañías de fusiles, una de mando y una muy reducida de servicios, que incluirá ingenieros y desactivadores de explosivos, entre otras.

Estará bajo el mando del teniente coronel Julio Herrera Isla, al que Bono definió como una persona "de extraordinaria valía" y amplia experiencia en misiones internacionales, por tanto, con "la mejor cualificación" para dirigir el batallón.

La misión incluirá actuaciones coordinadas con la policía y el ejército afgano, la seguridad de instalaciones clave en las elecciones, escolta y transporte de personal y material (interventores, apoderados, urnas...), la vigilancia el día de las elecciones y apoyo logístico en todo el proceso.

La primera semana de julio se desplegaría el escalón avanzado y el resto del batallón lo haría a lo largo de la segunda quincena de ese mes. Su misión duraría noventa días, porque a partir del día en que está previsto que concluya el recuento, el 18 de octubre, "pensamos en el repliegue".

La misión contó con el respaldo del PP, cuyo portavoz, Fernando López Amor, aseguró que su grupo desea "que España esté en el mundo y que asuma sus responsabilidades, y que lo haga con orgullo, sin aspavientos pero sin complejos".

A petición del diputado de CiU Josep Maldonado, Bono precisó que de esos 26 millones de euros, unos 16 se emplearán en los 120 vuelos de líneas regulares para el transporte, otros seis millones en gastos de personal, y los cuatro restantes en servicios logísticos externalizados.

Reconoció que la operación entraña riesgos, que se incrementarían, además, si se aprueban planes de lucha contra el narcotráfico distintos de los actuales, en los que España no entraría sin conformidad del Parlamento.

López Amor había destacado poco antes que la misión es "de alto riesgo y las tropas españolas no van a dar clases de español", porque se desplegarán en un país en el que ha habido disturbios, atentados y secuestros.

En este sentido, Bono reiteró en varias ocasiones que el Gobierno ha cumplido con esta comparecencia su promesa de consultar al Parlamento las misiones en el exterior, lo que será una "exigencia legal" si se aprueba en sus términos la Ley de Defensa Nacional.

El único oponente a esta misión fue el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, para quien la situación de estas tropas es "ambigüa" desde el punto de vista del Derecho Internacional. Considera, además, que se está utilizando la política de Defensa "para corregir la exterior". VIGILANCIA BÁLTICA

También consiguió Bono el respaldo de los mismos grupos, todos excepto Izquierda Unida, para la misión de la OTAN de vigilancia rotatoria del espacio aéreo de las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania.

España ejercería esas labores de control entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre de 2006 con cuatro aviones F-1 con base en Albacete y una dotación de entre 35 y 40 personas. El coste se elevaría a 1,3 millones de euros.

Se trata de una operación de la OTAN para cubrir entre todos los países miembros la vigilancia del espacio aéreo de los nuevos integrantes sin recursos para hacerlo por sí mismos, lo que dejaría una laguna "muy fácil de detectar por cualquier adversario o terrorista".

Algunos grupos expresaron a Bono una idea ya reconocida por él mismo, y es que esta rotación no debe prolongarse más allá del periodo inicialmente previsto, hasta diciembre de 2007. A partir de entonces, debería aplicarse una solución definitiva para la cobertura de ese espacio.

Pese a que España está obligada a entrar en esa rotación, Bono explicó que se ha trasladado a la OTAN la preocupación por la cadena de mando en caso de reacción ante una vulneración del espacio aéreo.

Se preguntó, por ejemplo, quien tendría que dar la orden de derribar un avión civil sin identificación que hubiera sido detectado en el espacio aéreo de las repúblicas bálticas por un control español, si España, las autoridades del país o la OTAN.