Las dos proposiciones, defendidas por Izquierda Unida y por CiU, se presentaron tras algunos casos polémicos, como el juicio que se siguió el pasado mes de mayo contra un profesor acusado de abusar de varias niñas, que tuvieron que declarar en la misma sala que el imputado y sin protección alguna.

Una vez tomadas en consideración por el pleno, las iniciativas deberán someterse a la presentación de enmiendas parciales en Comisión antes de su aprobación definitiva.

La propuesta de CiU sugiere que la declaración de los menores sea tomada "por un experto" al que, previamente, el juez, el Ministerio Fiscal y las partes hayan facilitado las preguntas.

La exploración sería seguida por el juez y las partes a través de un espejo unidireccional o de un circuito cerrado de vídeo y podrían sugerir nuevas preguntas a través del experto. La declaración sería grabada, en todo caso, en soporte audiovisual.

La de Izquierda Unida plantea que la declaración de los mejores sea formulada en presencia del juez, el secretario y los abogados de las partes, y grabada en vídeo y audio para su posterior reproducción durante el juicio oral.

La coalición propone que los menores de 14 años estén en todo caso exentos de concurrir al llamamiento del juez aunque no de declarar, es decir, que puedan hacerlo mediante una grabación.

Esta salvedad podría afectar también a los mayores de 14 años y menores de 18, "cuando así lo acuerde el juez, oído el Ministerio Fiscal, por auto, valorando las circunstancias y el interés del menor, así como la trascendencia de su declaración en la causa".

Las dos portavoces que defendieron estas iniciativas, Carme García (IU) y Mercé Pigem (CiU), subrayaron que la declaración de testigos menores de edad en la fase de instrucción o sumario, y en el juicio oral, no dispone de un tratamiento especial.

En la actualidad, la protección a estos menores se limita a buenas prácticas acordadas en algunas demarcaciones judiciales, pero que no vinculan al Ministerio Fiscal ni a los órganos jurisdiccionales.

El objetivo de esta modificación, argumentan, es conciliar la ley procesal penal y la legislación específica que ampara a los menores y regula sus derechos.

La portavoz del PNV, Margarita Uría, anunció el voto de su grupo a favor de la toma en consideración de esta propuesta, pero también la formulación de enmiendas parciales para corregir algunos "defectos" que la harían inconstitucional.

Uría se mostró convencida de que la declaración de menores en juicio oral puede ser imprescindible en una causa y evitarlo vulneraría el derecho constitucional de todo ciudadano a un proceso penal justo y con todas las garantías.

La portavoz del PP, Carmen Matador, explicó que su partido comparte el objetivo y la justificación de las iniciativas, pero no el modo en que regulan la protección de los menores. Se mostró partidaria por ello de abordar la reforma con detenimiento en la fase de enmiendas parciales.

La socialista Pilar López expresó su respaldo a ambas propuestas, pero aprovechó su intervención para subrayar las medidas aprobadas ya por el Gobierno en este sentido.