Presentada por el grupo del PP, la iniciativa obtuvo 15 votos a favor, cinco votos en contra y 12 abstenciones.

En su intervención, la diputada popular María Lourdes Ramírez exigió “medidas que favorezcan la permanencia" de estas personas "en su entorno de convivencia” después de los 65 años, así como “apoyos adecuados y específicos” para sus necesidades y las de sus familias.

Según advirtió, dentro de unos años se prevé que el número de personas mayores con discapacidad se multiplique por tres. Por eso, es preciso “reforzar los programas de vivienda adaptada y comunitaria, porque no podemos esperar que todo el esfuerzo dependa de las familias”, reclamó.

Señaló además que el coste de los cuidados de una persona dependiente “puede llegar a suponer un gran desembolso”, por lo que exigió más recursos públicos. “La accesibilidad no es un privilegio, sino un derecho", zanjó.

Para la portavoz de Vox en la Comisión, Rocío de Meer, "hacen falta inversiones en terapia ocupacional, en nuevos centros y en ampliación de personal”.

Sin embargo, criticó que la iniciativa del PP hace referencia “a organizar estos programas con una sola entidad representativa de personas con discapacidad”, porque “nosotros creemos que deben desarrollarse teniendo en cuenta a todas las entidades representativas de personas con discapacidad".

TERAPIA OCUPACIONAL

Por otro lado, la Comisión aprobó una proposición no de ley de Vox para generalizar los programas de terapia ocupacional en toda España y promover el acceso a ellos de las personas con discapacidad que puedan necesitarlos.

Según de Mer, es preciso que los poderes públicos aseguren esos servicios “de manera suficiente” y con la debida calidad, "porque de ella dependen el bienestar de muchas personas con discapacidades físicas o psíquicas”. Además, exigió que esta prestación se ofrezca “en igualdad de condiciones" en todo el territorio nacional, y que se invierta en campañas de sensibilización para dar a conocer la importancia de la terapia ocupacional.

Asimismo, defendió la figura de los profesionales que prestan estos servicios, que merecen una formación adecuada y condiciones laborales dignas.

El portavoz de Sumar, Rafael Cofiño, coincidió en este punto, aunque rechazó la iniciativa porque “enuncia un probma de forma adecuada, pero después ignora la realidad tangible, que necesita de presupuestos, políticas e inversiones”.

En opinión de de Meer, la terapia ocupacional “es el patito feo del empleo protegido”. “Muy pocas veces se habla de ello”, y aseguró que muchas veces, ello se debe a que “no es rentable”. “Hacen falta grandes inversiones de los poderes públicos para tratar bien a quien lo necesita”, y destacó que “las personas con una discapacidad altamente limitativa tienen derecho a tener un encaje en la sociedad y a tener una rutina diaria, con actividades elementales y un espacio lúdico”.

"Casi el 10% de la población con discapacidad sufre discapacidad intelectual y, en muchas ocasiones, esta viene acompañada de una importante discapacidad física”. “Es para estos perfiles, los más vulnerables en nuestra sociedad, para los que más hay que cuidar y promover la terapia ocupacional”, defendió.