Todos los grupos apoyaron un texto propuesto por el PP para sustituir la iniciativa de CiU, que reclamaba incentivos fiscales para las empresas que pongan servicios de guarderí a disposición de sus empleados, de forma gratuita o a un precio inferior al de mercado.

El portavoz de CiU en esta comisión, Carles Campuzano, explicó que esta propuesta cuenta con el consenso de la sociedad española y la Unión Europea en torno a incrementar los servicios para las familias con hijos, especialmente aquellas que tienen que conciliar la vida familiar con la laboral.

Estos servicios son actualmente escasos en relación con la demanda que tienen, prosiguió, lo que hace recaer en las mjeres que trabajan una doble responsabilidad, la de trabajadora y madre, o trasladar el cuidado de los niños a sus abuelos.

Insistió en que esto requiere un "compromiso de la Administración General del Estado", por lo que CiU anima al Gobierno a que impulse un marco fiscal favorable para las empresas que ofrezcan servicios de guardería, directos o por medio de convenios, ya sean gratuitos o a un precio inferior al de mercado.

Inés Rodríguez, en nombre del PSOE, subrayó la importancia de esta propesta y dijo que "es necesario proponer desde los poderes públicos medidas que hagan más fácil conciliar la vida social y laboral, que pasan también por realizar una "política de gestión de recursos humanos" y de "flexibilización" de horarios de trabajo".

BAJA NATALIDAD

El diputado del PP Rafael Carriegas apuntó que ante la baja tasa de natalidad, a pesar del repunte de los dos últimos años, los interlocutores políticos pueden mantener tres actitudes: no hacer nada, entender que es el precio por la icorporación de la mujer a la vida laboral, o promover la conciliación de la vida familiar y laboral, que es, aseguró, la postura de su partido.

Por ello, propuso una enmienda transaccional al texto de CiU en el que pide que se fomenten estos servicios en las propias empresas o polígonos industriales, o bien por otras entidades de iniciativa social, a través de los incentivos apropiados.

También insta al Gobierno a estudiar la adaptación de la normativa, de acuerdo con las exigencias de la Ley de alidad de la Educación, para flexibilizar los requisitos a fin de crear servicios de guardería infantil por parte de las empresas y así "demoler" los obstáculos que existen actualmente.

Asimismo, la enmienda del PP pide impulsar entre todos los interlocutores sociales la incorporación de criterios y propuestas relativos a la conciliación de la vida familiar y laboral en los procesos de negociación colectiva.