Defendía hacerlo una proposición de ley impulsada por movimientos de memoria histórica y registrada por grupos nacionalistas catalanes y vascos, que pretendía añadir un artículo 2bis en el Código Penal para que la no retroactividad de los delitos y penas, sancionada en los dos primeros artículos del texto, no impida la condena de los delitos de lesa humanidad cometidos por el Gobierno franquista, pues ya entonces estaban tipificados como tales en el Derecho Internacional, como los de guerra, genocidio y torturas.

A favor se mostraron ERC, PNV, EH Bildu, JxCat y BNG, que cofirmaron inicialmente la proposición, pero retiraron su rúbrica para no cubrir su cupo de iniciativas legislativas y perder así la oportunidad de presentar otra en este período de sesiones, según explicaron fuentes de la propia CUP, formación encargada de registrar y defender la iniciativa.

Dado que la mayoría parlamentaria votará en contra de la toma en consideración, la proposición de ley no será siquiera tramitada en el Congreso de los Diputados.

Presentó la iniciativa en nombre de la CUP Albert Botran, quien recalcó que esos delitos son “imprescriptibles, inamnistiables y perseguibles en todo tiempo y todo lugar” y echó en cara que España no persiga los del franquismo. Colateralmente, reprochó al actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que tenga siete condenas del Tribunal de Estrasburgo por no perseguir delitos de torturas, mientras sí se investigan en Argentina.

La diputada de ERC Carolina Telechea reconoció que no hay pena sin ley (‘nulla pena sine legem’), pero apuntó que la legalidad penal también abarca el Derecho Internacional, advirtió de que “no habrá aparato mediático suficiente para tapar la vergüenza” de no aprobar la propuesta y aprovechó para recordar que su grupo sólo apoyará la Ley de Memoria si se declara ilegal el franquismo y se deroga la Ley de Amnistía.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, presentó la cuestión como “de justicia”, y juzgó que el principio de legalidad quedaría cubierto porque el Derecho Internacional ya consideraba delitos los de lesa humanidad. Desde EH Bildu, Bel Pozueta denunció la Ley de Amnistía “de punto final” y la imposibilidad de juzgar delitos que entonces no estaban tipificados, y señaló que “urge” reformar el Derecho español para adaptarlo al Internacional. “Es hora ya de acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo”, sentenció.

En nombre de JxCat, Josep Pagès dijo que la Transición fue “un leve paso de un régimen a otro”, con las mismas élites en los mismos puestos, y que la amnistía y su argumento “sonroja a cualquier demócrata y también a cualquier liberal”, porque el Derecho Internacional “ya es derecho interno”, pese a que los jueces, en una “autarquía judicial” hayan querido hacer prevalecer el segundo. Finalmente, el diputado del BNG, Néstor Rego, dijo que las víctimas del franquismo llevan 80 años esperando justicia, y que España no es democrática mientras no puedan investigarse estos crímenes. “Se lo debemos a las víctimas y también a la decencia democrática”.

UNIDAS PODEMOS Y GRUPOS EN CONTRA

Aun sin firmar la iniciativa, también la apoyó el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, que dijo que se estaba pidiendo cuentas, no a la dictadura, sino a la democracia, que “encubre” los crímenes, y aseguró que los verdugos de, por ejemplo, Salvador Puig Antich, están vinculados al PP, a quien también afeó gobernar en Castilla y León con “los nostálgicos de la dictadura”.

Dio por hecho que a la derecha las víctimas “le molestan”, y aseguró que “hay un núcleo central de los derechos humanos contra el que no hay principio de legalidad y no retroactividad que valga”, porque “hay crímenes abominables que por su crueldad no prescriben”, como ya ha sentenciado el Tribunal de Estrasburgo. No obstante, frente a ERC, defendió las enmiendas pactadas con el PSOE para la Ley de Memoria. Una vez ubicada la derecha, concluyó, en tácita alusión al PSOE: “Falta saber dónde nos colocamos el resto”.

En contra de la iniciativa se mostraron los tres grupos mayoritarios. El socialista Indalecio Gutiérrez Salinas pidió “sentido común”, y, aunque proclamó el compromiso del PSOE con las víctimas de la dictadura rechazando lecciones, observó que se vulneran los principios de legalidad, no retroactividad y seguridad jurídica, precisamente tres muy quebrantados por el franquismo.

Además, dudó de que el Derecho Internacional ampare la no retroactividad, puesto que los delitos de lesa humanidad no entraron en España hasta el Código Penal de la democracia, y para cualquier reo se ha de aplicar la legislación más favorable. Eso sí, pidió a los grupos aprobar la Ley de Memoria para hacer pedagogía y para hacer frente a “los herederos” del franquismo, según catalogó a Vox.

Justo antes, la diputada del PP Edurne Uriarte partió de que los grupos proponentes son “el verdadero problema de la democracia” por no haber aceptado la “Transición modélica”, y atribuyó que la propuesta se basa en la falsa creencia de que la izquierda fue siempre democrática y no violenta. Como ejemplos, puso que el propio Botran defendió en el Congreso el comunismo y el enaltecimiento de ETA por el rapero Pablo Hásel, en este caso argumentando que el terrorismo vasco ya desapareció “hace mucho tiempo”, y recordó que la UE recomienda ligar los beneficios penitenciarios a la colaboración con la justicia.

Desde Vox, José María Sánchez negó cualquier nostalgia de dictaduras, y citó que a los ponentes se les olvidó mencionar a los asesinados por los comunistas en la Guerra Civil, por ETA o por las dictaduras soviética y china, y atribuyó a la propuesta una “intencionalidad política”, incluido “sorprendentemente” el PNV. Además, advirtió de que la realización de la iniciativa es “imposible jurídicamente”, porque el genocidio es persecución étnica, no política, como fue la del franquismo.

Finalmente, el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz subrayó que en cualquier democracia sólo los delitos tipificados como tales pueden juzgarse. Irónicamente, admitió que los grupos que creen en la prevalencia de los muertos sobre los vivos entiendan que el Código Penal sea una “tabla güija” para perseguir a dictadores muertos, mientras no ilegalizan homenajes a terroristas vivos. Y les advirtió de que, si se aprobara la propuesta, sus partidos podrían ser ilegalizados, por haber financiado el golpe de Estado de Franco, negociar con los nazis la independencia catalana en la Guerra Civil o no ayudar a defender la República.