El parlamenario de IU Antonio Romero defendió la necesidad de modificar dicha normativa para adecuarla al creciente número de objetores en nuestro país y acortar el tiempo que transcurre entre el reconocimiento de la objeción y el cumplimiento de la prestación social.

Igualmente, reclamó que la ley recoja la objeción sobrevenida (la que se produce durante la prestación del servicio militar) y que se equipare la PSS con la "mili" en cuanto al tiempo de duración de ambos servicios.

Según los datos aportados pr el diputado, durante 1993 hubo más de 68.000 solicitudes para realizar la PSS, mientras que en el presente año (hasta el mes de febrero se contabilizaron 10.000) la cifra podría ascender a más de 100.000 casos.

ENDURECIMIENTO

Durante su intervención en el hemiciclo, Romero hizo referencia a las declaraciones formuladas hoy por el ministro de Defensa, que, en su opinión, pretende "endurecer" la actual ley para "penalizar aún más a los objetores".

Romero achacó este "endurecimiento" al hecho deque al ministerio no le salen las cuentas, porque con un crecimiento democrático cero y con un aumento "sin parangón en Europa" de la objeción de conciencia "va a saltar por los aires el modelo de fuerzas armadas basado en el servicio militar obligatorio".

Por su parte, la diputada socialista Angustias Rodríguez no consideró oportuno reformar la ley de objeción de conciencia por entender que no es "adecuado ni progresista" y porque lo importante es gestionar correctamente la actual legislación.

Aadió que los objetores tienen "perfectamente consolidado" su derecho a optar por la prestación social sustitutoria y que la actual legislación es equiparable a la del resto de países europeos.

Los representantes del Grupo Mixto, Coalición Canaria (CC), PNV y CiU apoyaron la propuesta de IU y coincidieron en señalar que el aumento de objetores supondrá un problema que requiere soluciones cuanto antes.