La iniciativa, defendida porla diputada socialista Matilde Fernández, tomaba como experiencia el decreto de 14 de mayo de 1993 que estableció pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los emigrantes españoles.

Fernández defendió que su propuesta trataba de avanzar un paso más en la equiparción de derechos de los españoles, con independencia del lugar de residencia, y de configurar como un derecho subjetivo la protección a los españoles de origen que emigraron de España y que, residiendo en el extranjero, carecen de recuros como consecuencia de invalidez o incremento de gasto derivado de los hijos a su cargo, garantizándoles un nivel mínimo de subsistencia.

También defendieron esta propuesta ante el pleno del Congreso Pedro Vaquero, de Izquierda Unida, y Guillerme Vázquez del BNG.

Por su parte, la diputada del PP María José Camilleri argumentó en contra de la proposición ya que la invalidez "se encuentra cubierta a través de las ayudas establecidas en el programa uno de la orden de 30 de diciembre de 1997", afirm.

En cuanto a las prestaciones familiares de naturaleza no contributiva por hijo a cargo, aseguró que la citada orden de 30 de diciembre del 1997 "regula programas específicos de ayuda a la familia y concretamente a los hijos de emigrantes".