El debate de la iniciativa dió pie a un enfrentamiento dialéctico entre la ponente socialista, Amparo Rubiales, y su homólogo del PP, Jaime Ignacio del Burgo, quienes polemizaron sobre el alcance de la ley en lo que se refiere al control jurídico de los denominados actos políticos del Gobierno.

Así, el parlamentariopopular acusó a los socialistas de querer reservar para determinadas decisiones del Ejecutivo una "zona de sombra" o un lugar "exento" del control de la administración de justicia, así como de presentar su propuesta principalmente por razones de "oportunidad".

Rubiales rebatió estas acusaciones y contraatacó a Del Burgo diciendo que, llevando al absurdo sus argumentaciones, también se debería someter a la jurisdicción contencioso-administrativa algunas decisiones del Gobierno como el nombramiento de mnistros, la devaluación de la peseta o la disolución de las Cortes.

La portavoz socialista recordó que la proposición de su grupo guarda fidelidad al proyecto elaborado por el anterior equipo de Juan Alberto Belloch, que en su día contó con el apoyo de una "amplísima mayoría social" e incluso con la opinión favorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

SIMILITUDES

Igualmente, puso de relieve que el anteproyecto redactado recientemente por el Gobierno de José María Aznar es muy parecio al del PSOE, ya que de los 160 artículos y disposiciones que lo componen tan sólo hay diferencias en unos 15 de ellos.

La iniciativa del PSOE aboga por un incremento del control judicial ahora existente sobre la administración pública. Sin embargo, en lo que se refiere al acto político limita la posibilidad de llevar a cabo ese control al defender que no podrán ser recurridos por la vía contencioso-administrativa las decisiones del Gobierno en materia de política interior y exterior, siempre que ésts se realicen en el ejercicio de sus competencias.

Del Burgo reprochó a la diputada socialista que su grupo tenga ahora tanta premura en que se apruebe un proyecto regulador de la jurisdicción de los contencioso-administrativo -que tiene 40 años de vigencia- y que no mostraran esta misma actitud en su larga etapa al frente del Gobierno.

Por su parte, el portavoz de Justicia de Izquierda Unida (IU), Pablo Castellano, calificó de "pueril" la pugna mantenida entre populares y socialistas sobre la paernidad del proyecto de ley, al tiempo que expresó sus dudas de que la reforma suponga un auténtico equilibrio de poderes.