La proposición de ley de EA suponía la supresión de dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal relativos a la incomunicación de los detenidos por determinados tipos de delito, pues tal y como explicó la diputada de esta formación, Begoña Lasagabaster, esta situación provoca la "mayor parte de las quejas referidas a torturas".

Lasagabaster alertó de que el periodo en el que el detenido está incomunicdo, en el que "no puede contar con la asistencia de un abogado de su confianza", parece facilitar los malos tratos a los arrestados, tal y como revela el propio Comité contra la Tortura de la ONU en un informe.

"Dicho informe finalizaba recomendando la supresión de las situaciones en las que se permite la extensión de la detención incomunicada, y las restricciones al derecho de los detenidos a disponer de la asistencia de un defensor de su libre elección", añadió.

La portavoz de Justicia del PNV,Margaria Uría, expresó su coincidencia con el criterio de Lasagabaster, por lo que votó a favor de su iniciativa, al igual que Luis Carlos Rejón, de IU. En nombre de CiU, Manel Silva mostró su "preocupación" por este régimen, que debe restringirse a las ocasiones en que sea "estrictamente necesaria".