Esta proposición no de ley reclama al Gobierno que tome las medidas necesarias para que los usuarios sólo tengan que solicitarlo y la Administración se encargue de comprobar si cumple los requisitos. Este abono reduce en un 70 por ciento la cuota de alta en el servicio básico telefónico y del 95 por ciento en la cuota de abono mensual.

La portavoz socialista en esta comisión, Francisca Pleguezuelos, argumenta que la aplicacin de las nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración permite simplificar los trámites para este tipo de gestiones, algo especialmente relevante en la petición de servicios como éste, destinado fundamentalmente a jubilados.

Actualmente, para la concesión y renovación anual del "abono social" se requiere enviar a una dirección postal, entre otros documentos, el Certificado de Empadronamiento Familiar, la acreditación de percepción o no percepción de ingresos, el certificado de la pensión y la ftocopia del DNI, lo que origina "no pocas molestias a los ciudadanos".

Pleguezuelos considera "paradójico" que en el siglo XXI se tenga que reclamar que la "era de las comunicaciones" beneficie realmente a los ciudadanos, pues habitualmente "se está solicitando de manera reiterada documentación de la que ya dispone la Administración", pese a las "operaciones de 'marketing' del Gobierno" sobre el funcionamiento de las administraciones.

En nombre de CiU, Pere Grau manifestó el apoyo de su grupo a eta iniciativa, a fin de "hacer lo más fácil posible" el acceso a este servicio a "un colectivo que tanto lo necesita".

Por su parte, Sergio Gómez Alba, del PP, recalcó su grupo comparte los objetivos de la iniciativa socialista, y prueba de ello es que fue precisamente el Gobierno popular el que fijó el "abono social" de Telefónica, con los descuentos especificados para estos colectivos, por lo que no considera necesaria esta propuesta.