La reprobación de Conde-Pumpido, rechazada por 179 votos en contra, los 129 a favor del Grupo Popular y 9 abstenciones de CiU, era necesaria, según explicó Astarloa, por haber sido el primer fiscal general que ha visto rechazadas por órganos jurisdiccionales "todas" sus grandes decisiones en el primer año de mandato.

Para el portavoz popular, la de Conde-Pumpido es "una trayectoria incomparable de sectarismo, imparcialidad y sometimiento al Gobierno".

Ignacio Astarloa mencionó el cese del fiscal jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Eduardo Torres Dulce para señalar que se hizo con la opinión en contra del Consejo Fiscal.

Además, insistió en que Conde-Pumpido todavía no ha incoado diligencias para ilegalizar el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV). "¿Cuántos atentados de ETA se van a producir antes de que el fiscal general actúe?", se preguntó.

El portavoz socialista, Julio Villarrubia, le replicó que es "un auténtico despropósito" que un partido como el PP, que ha gobernado ocho años e hizo 43 nombramientos "y ninguno progresista" en los cargos de la fiscalía, hable de sectarismo. De mayo de 2004 a la actualidad, añadió, se han nombrado 23 fiscales, "12 progresistas y 11 conservadores".

PSOE: LA FINCA DEL PP

Además, recordó que el informe del Consejo Fiscal es preceptivo y no vinculante, y se preguntó si los populares piensan que la Fiscalía es una finca particular suya en la que cuando gobierna la izquierda no puede nombrar ningún fiscal progresista.

"Ustedes cambiaron la ley con todo el descaro y desvergüenza para cesar a los fiscales que, siendo suave, le eran incómodos al PP. Es poco serio en un partido que ha gobernado España, y hasta Galicia, que debe volver a la normalidad democrática, haga estas cosas", dijo Villarrubia.

En la misma línea se manifestaron portavoces como el de ERC, Agustí Cerdá; PNV, Margarita Uría, e Izquierda Unida, Isaura Navarro, quienes resaltaron la poca legitimidad del PP para denunciar a la Fiscalía tras haber mantenido más de cinco años en el cargo de fiscal general del Estado a Jesús Cardenal.