La iniciativa contó con cinco votos a favor, 275 en contra y 52 abstenciones. La proposición no de ley se refería a publicidad física (cualquier anuncio en medios impresos, televisión, vallas publicitarias, radio o publicaciones académicas) y online (cualquier anuncio de redes sociales o contenido de marca en todas las plataformas de redes sociales o tradicionales).

Respecto al patrocinio, afectaría al deportivo (de clubes o eventos deportivos), cultural (museos, instituciones artísticas, teatros, locales de música, festivales, eventos o artistas), de instituciones educativas (universidades públicas, escuelas o cualquier institución educativa pública), de ciencia (cualquier festival de ciencia pública o financiación para institutos científicos públicos y publicaciones educativas), de medios de comunicación y de eventos públicos, en particular relacionados con el clima, la salud, la biodiversidad, el medio ambiente y la sostenibilidad ecológica.

PORTAVOCES

Inés Sabanés, de Más País-Equo, defendió la iniciativa señalando que aproximadamente 45.000 personas mueren el año por la mala calidad del aire en España, lo cual tiene su "fuente principal de emisiones en el tráfico rodado". "La contaminación producida por los coches es un problema de salud pública", indicó.

Sabanés comentó que la publicidad del sector automovilístico ha sido "enormemente utilizada" en los últimos años para "blanquear o rebajar la responsabilidad que tienen los vehículos de combustión interna en la salud y en la crisis climática".

Indicó que el sector de la automoción es el que más invierte en publicidad, con unos 500 millones de euros anuales -un 13% del total- y destacó que España debe llegar "con los deberes hechos" en 2035, cuando la Comisión Europea ha fijado no vender coches contaminantes.

Ninguno de los portavoces del resto de grupos parlamentarios respaldó la propuesta. El PSOE y Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea presentaron enmiendas para que se desarrolle el Perte (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) sobre vehículo eléctrico y conectado, medidas para avanzar en un transporte más sostenible y crear un grupo de trabajo interministerial para impulsar campañas de sensibilización sobre movilidad sostenible, que Sabanés rechazó.

Respecto a la petición de Más País-Equo, Omar Anguita, del PSOE, comentó: "Si extrapolamos esta medida al conjunto de la producción, serían prohibidos los anuncios publicitarios de casi todos los productos porque, por desgracia, aún estamos lejos de minimizar, por ejemplo, la huella de carbono que deja la propia fabricación de nuestros productos". Además, aseguró que el sector de la automoción se está adaptando "casi a la perfección" hacia la transición ecológica y su actividad es necesaria, ante la previsión de que en 2030 haya en España unos cinco millones de vehículos eléctricos.

Tristana Moraleja, del PP, indicó que la iniciativa suponía "una prohibición más" y "demonizar" al sector de la automoción. Miguel Ángel Bustamante, de Unidas Podemos, destacó que la industria automovilística representa un 10% del PIB nacional. Patricia Rueda, de Vox, criticó a los "ecologistas de moqueta" con "delirios ideológicos maquillados de verde".

Francesc Xavier Eritja, de Esquerra Republicana, pidió "no confundir al sector" automovilístico. María Carmen Martínez, de Ciudadanos, apuntó que su grupo apoyará prohibición de la publicidad de vehículos de combustión interna "pero no ahora, sino en 2035".

Idoia Sagastizabal, del PNV, criticó que la proposición no de ley deje fuera otros modelos que no son de cero emisiones, como los de gas licuado, híbridos o híbridos enchufables. E Isidro Martínez Oblanca, de Foro, apuntó que Más País-Equo "ha pisado el pedal a fondo y quiere de manera atropellada que España se convierta en líder universal del ecologismo, pero sin medir las secuelas sociales y económicas de medidas fundamentalistas como las que se plantean".