La iniciativa de Esquerra, rechazada por todos los grupos excepto ERC e IU-ICV, propone que en la declaración de la renta se incluya un porcentaje, fijado anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que, a elección de los contribuyentes, se destine al fomento de la paz y la solidaridad. En caso de que el ciudadano no lo explicite, iría a parar a Defensa.

El diputado de ERC Joan Puig argumentó que "no se puede aspirar a la paz cuando se prepara a la gente para la guerra y año tras año se incrementa el gasto para Defensa". Agregó que, en lugar de invertir el dinero en prepararnos para destruir a otros, sería mejor destinarlo a mejorar sus condiciones de vida y las relaciones mutuas.

Explicó que "no se trata de ahorrarse una parte de los impuestos, sino destinarlos a otra finalidad: la Oficina para la Paz y la Solidaridad", un órgano que ERC diseñaba en su iniciativa con representación paritaria entre el Gobierno y la sociedad.

El portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, expresó su respaldo a esta propuesta porque "el imperativo que marca nuestra sociedad es que quiere ejercer esa libertad de conciencia en los gastos asociados al Ejército", por lo que debe haber "más mecanismos de participación, y la objeción de conciencia es uno de ellos".

El portavoz de Defensa del PSOE, Jesús Cuadrado, motivó su oposición a esta propuesta en que, "aparte de no ser viable, no corresponde a ningún criterio de carácter progresista, o desde luego no el que mantiene el PSOE".

Cuadrado criticó que, "en nombre de principios progresistas", se esgriman unos argumentos antibelicitas que no tienen sentido en el año 2006. María Asunción Oltra Torres, en nombre del PP, se opuso también a esta iniciativa de ERC.

NO ES LEGAL, NI "SANCIONABLE"

La denominada "objeción de conciencia fiscal" es una práctica que ha cobrado fuerza en Cataluña, y consiste técnicamente en desviar del IRPF el porcentaje correspondiente al Ministerio de Defensa, que se destina a entidades pacifistas sociales, lo que se explica en una carta junto a la declaración de la renta acompañada por el justificante de dicho ingreso.

Aunque esta práctica no tiene amparo legal, y ha motivado incluso una sentencia dictada la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la que tuvo acceso Servimedia, en la que dictamina que la objeción de conciencia fiscal "no es sancionable", porque entiende que no existe intención de "defraudar".

El tribunal anuló la multa de impuesta a un ex diputado del PSC en el Parlamento catalán que recurrió una sanción impuesta porque en su declaración de la renta del ejercicio de 1998 se aplicó una reducción de 109.702 pesetas, cantidad que destinó a proyectos de paz, aunque le ordena que pague a Hacienda la cantidad que se descontó.