Las dos primeras las defendieron los diputados de ICV, Joan Herrera, y de ERC, Joan Tardá, que argumentaron que el derecho de apostasía está amparado por la Constitución pero que "de facto" no se puede ejercer porque la Iglesia Católica lo niega con recovecos burocráticos.

Herrera dijo que la lentitud de los trámites crea "incertidumbre" entre los ciudadanos que pretenden ejercer este derecho y que la postura de la Iglesia Católica "vulnera la libertad religiosa" y empuja a la "obligatoria adscripción" a esa confesión.

Por su parte, Tardá dijo que la Iglesia Católica obliga a sus fieles a "una larga penitencia" si deciden darse de baja de su organización y pidió al PSOE que se deje de "temores" con la Conferencia Episcopal y que dé un "espaldarazo" a la apostasía.

El diputado del PP, Eugenio Nasarre, defendió que renunciar a una confesión religiosa es un "acto personal y libre" y que no debe estar sometido a procedimientos legales. A su juicio, cualquiera puede apostatar comunicándoselo a la comunidad religiosa.

El Grupo Parlamentario Socialista dejó claro que la normativa actual garantiza la "inmunidad" a las personas que decidan apostatar y, por tanto, no son necesarias modificaciones normativas ni más garantías.

El PSOE, el PP, CIU y el Grupo Mixto votaron en contra de las propuestas, que sólo tuvieron el apoyo de los proponentes.

CONCORDATO

La Proposición no de Ley para revisar los acuerdos del Estado con la Santa Sede, que defendió el diputado de IU, Gaspar Llamazares, también fue rechazada por todos los grupos, excepto el proponente.

A juicio del portavoz de IU, la Iglesia Católica tiene una situación de privilegio no sólo por las ayudas económicas que recibe del Estado sino también por la presencia de la religión católica en la escuela pública, privada y concertada.

Llamazares denunció una posición de "debilidad" del Gobierno español frente a la Iglesia Católica que, según dijo, es contraproducente porque ello no ha evitado la posición "beligerante" de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal contra la política del Ejecutivo.

El diputado del PP, Eugenio Nasarre, criticó a Llamazares por su "obsesión" con eliminar los acuerdos con la Iglesia Católica y le dijo que debería concentrar sus esfuerzos en trabajar para evitar la crisis.

El PSOE no quiso apoyar la propuesta de IU-ICV-ERC pero negó que el Gobierno español otorgue privilegios a la Iglesia Católica.