La comisión aprobó la ley orgánica que autoriza la ratificación por España del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Esta norma deberá ser ratificada, no obstante, por el pleno de las Cortes Generales.

A pesar de que todos los grupos respaldaron esta ley, el PNV sostuvo hasta el último momento una polémica enienda para que la responsabilidad se extienda no sólo a los miembros del Gobierno, sino también al Jefe del Estado.

"El Rey será personalmente responsable de sus actos ante la Corte Penal Internacional o ante cualquier otro órgano judicial internacional al que el Estado haya atribuido competencias derivadas de la Constitución, cuando dichos actos no hayan sido refrendados conforme al artículo 64 de aquélla. Si existe tal refrendo, responderá la persona que lo haya otorgado", decía la enmienda del PNV. El artículo citado de la Carta Magna establece que los actos del Rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes, y que los responsables de los actos del monarca serán las personas que los refrenden.

Al ser rechazada esta enmienda, las Cortes españolas autorizarán la adhesión de España a este tribunal sin modificar la Constitución, por lo que sólo serán responsables ante él los miembros del Gobierno.

La ratificación de esta adhesión no será iminente, ya que tiene que ser aprobada por el pleno de las dos cámaras legislativas. El pleno del Congreso aprobará esta Ley previsiblemente la próxima semana.

Después, deberá pasar por el trámite de ponencia y comisión en el Senado, y ser elevada al pleno de la Cámara Alta. El Congreso pedirá que este trámite se resuelva por vía de urgencia, de forma que el texto podría volver a la Cámara Baja a finales del mes de septiembre para su definitiva aprobación.

La ley sólo consta de un artículo, por e que se autoriza la adhesión de España a este tribunal. Lo más amplio del texto es, por tanto, la exposición de motivos, que todos los grupos aprobaron a través de una enmienda transaccional consensuada entre todos ellos.