La moción fue rechazada por los votos del PSOE y CiU, ya que el resto de los grupos se mostró favorable a la misma.

En su moción, ERC-IU-ICV pide que se haga público el dictamen y que se eleve al Congreso un proyecto de ley para que el máximo órgano colegiado de la Oficina de Conflictos de Intereses esté compuesto un número de miembros escogido por mayoría cualificada en el Parlamento.

El diputado del grupo de ERC-IU-ICV Joan Herrera defendió que esta moción es "una oportunidad para caminar en un régimen de transparencia" en las relaciones entre los grupos de presión y el poder ejecutivo.

"No se puede pasar en tres días" de la Oficina Económica de Moncloa a presidir el lobby de las constructoras, apuntó Herrera, quien agregó que si el Parlamento permite este nombramiento "el Código de Buen Gobierno quedará en papel mojado".

El diputado criticó "el doble rasero" de los socialistas cuando años atrás denunciaban el paso de dirigentes en los gobiernos del PP al sector privado porque el "caso Taguas" es de "manifiesta incompatibilidad".

Según Herrera, "lo injustificable se vuelve bochornoso", es una "interpretación más que flexible de la ley" y se debe tratar de que "de una vez por todas casos como el de Taguas no se vuelvan a producir".

El diputado de ICV tildó de "lamentable" que se empiece "la legislatura con el pie cambiado en lo que se refiere a ética moral y transparencia", y agregó que la presidencia de Taguas en Seopan "algo tiene de carpetazo a un discurso de regeneración ética" de Rodríguez Zapatero.

APOYO DEL PP, PNV Y MINORITARIOS

Por su parte, el diputado popular Rafael Merino señaló que el consenso de la mayoría de los grupos "al menos debería hacer reflexionar" a los socialistas, pues su postura lleva al "oscurantismo y no es sano para la democracia".

Merino afirmó que a las constructoras que no forman parte de Seopan les quedará la duda, cuando se adjudiquen obras a compañías integradas en dicha patronal, de si es "por mérito de la empresa o va tener relación con la intervención del señor Taguas"

El diputado del PP señaló que quizá Taguas ya haya comenzado a hacer tareas para Seopan, después que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) haya propuesto subir un 11,3% el recibo de la luz, pues muchas constructoras tienen participaciones en las compañías eléctricas.

Merino comentó que ya entiende que el vicepresidente Solbes diga que no hay crisis económicas, pues "queda claro que para algunos socialistas hay aceleración económica", ya que Taguas va a cobrar 300.000 euros en Seopan, más 60.000 por ser cesado del cargo público.

Por su parte, el diputado del PNV Emilio Olabarría señaló que en su grupo "estamos de acuerdo con el argumentario general" y explicó queel dictamen de la Oficina de Conflictos e Intereses tiene "ribetes sainetescos".

Olabarría se refirió al amplio respaldo que tiene esta moción entre los grupos parlamentarios, y aseguró que también"buena parte" del Grupo Socialista, "a tenor de conversaciones privadas".

La diputada UPyD, Rosa Díez, afirmó que "no puedo estar más de acuerdo" con las ideas planteadas por Herrera, porque, consideró, el nombramiento de Taguas como presidente de la patronal constructora "es escandaloso".

RECHAZO DE LA MOCIÓN

Desde el PSOE, la diputada Elisenda Malaret criticó la moción de ER-IU-ICV por ser "una batería desordenada de propuestas".

Malaret defendió la Ley de Incompatibilidades, así como la "autonomía funcional" de la Oficina de Conflictos, que sitúan a España en la "avanzadilla" de Europa, aunque reconoció que se trata de una norma "reciente, que no ha tenido el sufriente desarrollo".

Por parte de CiU intervino Jordi Jané, quien aseguró que "defendemos el comportamiento ético en el ejercicio de los cargos públicos", si bien "no intentamos criminalizar a quienes han ostentado un cargo público".

"Vamos por mal camino si intentamos seguir directamente a quien ha ejercido un cargo publico amenazándole con una cierta presunción de culpabilidad", insistió Jané.

El diputado de CiU señaló que "no admitimos lecciones de nadie, pedimos que se aplique la misma vara de medir en la exigencia ética de los cargos públicos", y agregó que "en nada ayuda" esta moción "a la necesaria transparencia y mecanismo del control".