La enmienda del PP centraba sus críticas en el supuesto encarecimiento del precio de la vivienda que tendrá lugar como consecuencia de esta ley, mientras que los nacionalistas de CiU denunciaron que la normativa vulnera competencias que la Constitución tiene reservadas a las comunidades autónomas.

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, reivindicó el consenso alcanzado por el proyecto de ley antes de su tramitación parlamentaria, y señaló que desde que se aprobó la Ley del Suelo, en 1998, el precio de la vivienda ha subido un 150% y el del suelo un 500%, lo que, a juicio, evidencia el fracaso de esta normativa.

Asimismo, Trujillo denunció que la Ley del 98 ha originado un "problema medioambiental de primer orden, alimentado por un proceso de urbanización acelerada y extensiva de suelo en el que muchas veces no se ha evaluado su impacto sobre el territorio y el paisaje".

Por otro lado, señaló que "la promoción de vivienda protegida cayó hasta mínimos históricos haciendo aún más difícil el acceso a la vivienda a importantes colectivos de nuestra población".

El portavoz de Fomento y Vivienda del Grupo Popular en el Congreso, Pablo Matos, denunció, en primer lugar, que el proyecto de ley no contempla "ninguna medida que incorpore nuevos instrumentos para evitar la retención especulativa del suelo".

Matos advirtió que, a juicio del PP, la normativa tampoco establece "ni una sola medida que facilite la constitución y el desarrollo de los patrimonios públicos del suelo necesarios para ejecutar los planes de vivienda y de viviendas protegidas".

Para el diputado popular "lo único que persigue esta ley, detrás de toda su literatura y demagogia, es abaratar las expropiaciones por parte de las Administraciones Públicas", algo que, en su opinión, afectará a los pequeños propietarios en beneficio del Estado y de las grandes empresas privadas

Matos criticó la reserva del 25% del suelo de uso resindecial para vivienda protegida, al considerar que "no se trata de una medida nueva, puesto que casi todas las comunidades autónomas la tienen". Como ejemplo, el diputado puso el de la Comunidad de Madrid, que destina un 50% del suelo a estos efectos.

LOS NACIONALISTAS DE CIU Y BNG, CONTRA LA LEY

Por su parte, el portavoz de Fomento y Vivienda de CiU, Jordi Jané, reiteró que este proyecto de ley "no respeta las competencias de las CCAA sobre urbanismo, ordenación del territorio y vivienda" y, en el caso de Cataluña, señaló que vulnera "el artículo 149.5 del nuevo Estatuto de Autonomía, que atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva sobre urbanismo".

"Las competencias del Estado en Cataluña en materia de suelo son limitadas", recordó el diputado de CiU.