Las propuestas registraron 15 votos a favor, 162 en contra y 120 abstenciones, la primera, y 11 votos a favor, 165 en contra y 117 abstenciones, la segunda.

Carlos Ignacio Aymerich, del BNG, resaltó que desde la entrada en vigor de la LOPSC, más conocida como "ley Corcuera", no se ha detectado una reducción en el consumo de drogasilícitas, sino todo lo contrario.

En opinión de Aymerich, esa coerción administrativa no está siendo útil para reprimir el consumo de drogas ilícitas y, por el contrario, se está convirtiendo en perjudicial puesto que orienta la actuación de la Administración hacia la represión, en vez de volcarse en la prevención basada en desalentar el uso inicial de cualquier droga.

El otro proponente, el diputado de IC Verds, Joan Saura, puso de relieve la contradicción que supone que no esté sancionado el cosumo de hachís en lugares privados y sí lo esté en lugares públicos.

María Jesús Varela, del Grupo Socialista, señaló que quizás los proponentes tratan de que no se sancionen la tenencia de pequeñas cantidades de hachís, pero proponen la supresión completa del artículo 25.

Jesús Manuel Pérez Corgos, del Grupo Popular, también resaltó la amplitud de lo que se pretende modificar y, por ello, leyó todo el contenido del citado artículo 25. En su opinión, lo importante es la labor de prevención y asegró que la sociedad no acepta el consumo público de drogas (ilícitas).

María Mercé Pigem, de CiU, se opuso a la reforma por entender que debe realizarse de forma consensuada y junto con otras propuestas para una mejor lucha contra las drogas en el seno de la Comisión para el estudio de la droga.

Margarita Uría, del PNV, explicó la abstención de su grupo, y María Luisa Castro, de IU, apoyó la iniciativa por cuestión de "libertades" y opinó que la labor de la Administración tiene que ir encaminada ala prevención y la rehabilitación.