El PP se quedó sólo en esta iniciativa, que defendió su diputado Rafael Hernando, tras rechazar dos enmiendas de sustitución del PSOE y CiU para alcanzar un pacto de Estado en inmigración.

Hernando justificó esta propuesta en el "fracaso" de la política de inmigración del Gobierno, que, con el proceso de regularización "masiva" de inmigrantes en la pasada legislatura, ha elevado el número de extranjeros en España hasta los 4,5 millones.

El diputado popular destacó que la integración de los inmigrantes "sólo puede hacerse efectiva a través del respeto y el reconocimiento mutuo entre los ciudadanos extranjeros y los ciudadanos nacionales".

El citado contrato pide a los inmigrantes su compromiso de cumplir las normas, respetar los principios y valores constitucionales españoles, aprender la lengua, pagar impuestos y cotizaciones, y trabajar activamente para integrarse, entre otras cuestiones.

Por su parte, el diputado de CiU Carles Campuzano, defendió una enmienda con la que invitaba al PP a un pacto de Estado en Inmigración.

Campuzano destacó que el reto en España en inmigración está en la integración de las segundas y teceras generaciones de los inmigrantes y que las comunidades autónomas se adapten a este reto.

Concluyó que este reto de integración va a exigir un acuerdo de fondo de todas las fuerzas parlamentarias, de todos los agentes sociales y de la sociedad civil.

TRATO DISCRIMINATORIO

Igualmente, la diputada del PSOE María Gutiérrez defendió una enmienda de sustitución a la propuesta popular para alcanzar un pacto de Estado en inmigración.

Gutiérrez, que defendió el pasado proceso de regularización, destacó que en la pasada legislatura se multiplicaron por ocho los fondos destinados a la atención, acogida e integración de los inmigrantes.

La parlamentaria socialista reprochó al PP que su contrato de integración plantea un trato "discriminatorio" hacia los inmigrantes y "genera movimientos xenófobos, que nosotros queremos combatir".

"Los inmigrantes disfrutan de iguales derechos y deberes que los demás ciudadanos. La ley nos obliga a todos y cuando se incumple, ésta también establece lo que se deriva de su incumplimiento, que en el caso de los extranjeros puede llegar hasta la expulsión", afirmó.

Por su parte, la diputada de CC Ana Oramas animó al PP a sumarse a un pacto de Estado en inmigración, y pidió los fondos económicos suficientes para los ayuntamientos con mayor número de inmigrantes empadronados.

El diputado de IU Gaspar Llamazares, por su parte, dijo que esta propuesta del PP es una "hipoteca" de su política electoral, y "es peligrosmente populista, basada en el prejuicio y la discriminación".

Finalmente, Emilio Olabarría, del PNV, acusó a los populares de criminalizar al extranjero y de imitar las políticas del presidente francés, Nicolas Sarkozy, que ha anunciado que defenderá este contrato durante su próxima presidencia de la UE.

Olabarría, que reprochó al PP no especificar cuál es la naturaleza y el tipo de contrato que propone, consideró una "burla a todos los extranjeros" pedirles que asimilen costumbrescomo las sevillanas o el aurresku.