La propuesta fue rechazada esta tarde en el Pleno del Congreso de los Diputados por 320 votos en contra, 26 a favor y dos abstenciones.

El grupo proponente pedía garantizar el despliegue del catálogo de servicios dentro de la red pública de servicios sociales de cada comunidad, permitiendo el acceso a los servicios mediante oferta pública.

También solicitaba que se aumentara la coordinación entre el sistema sanitario y el de atención a la dependencia para evitar duplicidades y potenciar la calidad, "evitando retrasos inaceptables en la percepción de la asistencia una vez producida la valoración de la persona dependiente".

Reclamaban asimismo medidas formativas para garantizar la cualificación profesional de las personas que participen en la atención, y campañas de información que explicasen a los ciudadanos los derechos derivados de la ley.

En la misma resolución, este grupo proponía aumentar hasta 400 millones de euros el Fondo de Inmigración y territorializar los fondos de apoyo a inmigrantes que se mantienen centralizados.