Gobierno y agentes sociales han trasladado a los grupos parlamentarios su petición de que no modifiquen los puntos pactados de la reforma, pero los partidos defienden su legitimidad como legisladores para introducir cambios.

No obstante, algunos puntos de la reforma ya llevan varios días en vigor, en concreto desde el 15 de junio, tras publicarse el decreto en el Boletín Oficial del Estado.

Son los referidos, por ejemplo, a la lucha contra el encadenamiento de contratos, una mejor regulación de la subcontratación o la limitación de la cesión de trabajadores de unas empresas a otras.

Sin embargo, hay cuestiones que no estarán en marcha hasta el 1 de julio, caso de todo lo referido al plan de choque contra la temporalidad, con el que se pretende convertir a un millón de temporales en indefinidos, la rebaja de cuotas de desempleo por los trabajadores fijos o la del Fogasa.

También queda para el 1 de julio la entrada en vigor de las medidas acordadas para mejorar la protección por desempleo de determinados colectivos, como los fijos discontinuos o los mayores de 45 años.

La reforma laboral será convalidada con el apoyo de la práctica totalidad del arco parlamentario, toda vez que el decreto viene refrendado por el acuerdo cerrado entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos.

Será tras ese debate cuando se vote si el decreto se tramita como proyecto de ley, es decir, si se somete a las modificaciones que quieran introducir los grupos parlamentarios, algo que con toda probabilidad sucederá.