Asimismo, en el caso de las deudas de las administraciones públicas con las empresas, el plazo se reducirá a 45 días en 2010 y a 30 días a partir de 2011.

El objetivo de esta proposición es reducir por ley el periodo máximo de pago, así como eliminar la cláusula que permite aumentar el plazo máximo para hacer frente a las obligaciones contraídas si existe un acuerdo entre las partes.

También se incrementa la cuantía máxima de la deuda que puede ser reclamada judicialmente por el procedimiento monitorio, pasando de 30.000 a 150.000 euros.

Además, se articula un nuevo procedimiento judicial que permitirá a las empresas reclamar de forma ágil a las administraciones públicas el pago de sus obligaciones.

Junto a estas medidas, la proposición apuesta por crear un Observatorio Estatal de la Morosidad, con la participación de administraciones públicas, sectores económicos y agentes sociales, que asesorará, evaluará y elaborará informes en relación a los plazos de pago.

Por otro lado, se incorpora en el concepto de administraciones públicas a otros entes como, por ejemplo, Renfe o ADIF y se prohíbe la inclusión de los períodos vacacionales a efectos del cómputo de plazos de pago.

Por último, prevé la incorporación de medios electrónicos de pago a los efectos de acreditar la expedición de factura y el consiguiente inicio del plazo de pago; y legitima a entidades empresariales y profesionales para ejercer acciones colectivas de cesación y retractación contra empresas que incumplan de forma habitual los plazos de pago.