Así lo han manifestado a Servimedia la mayor parte de los dirigentes regionales del PP, quienes, además, afirman con rotundidad que "no debe prosperar" la idea de Alvarez-Cascos de que los presidentes del Gobierno que pertenezcan a esta formación no permanezcan en el poder durante más de ocho años.

El primero en defender la libertad de elección de cada gobernante en su momento fue el presidente del PP de Madrid y presidente de la comiión organizadora del Congreso Nacional, Pío García-Escudero. Tanto él como el secretario general del partido, Javier Arenas, prefirieron excluir de la ponencia de Estatutos este concepto desde el primer momento en el que se planteó.

En la misma línea se muestra el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Agustín Conde, quien explicó a Servimedia que cuando Aznar prometió no permanecer en el poder más de dos legislaturas se trataba únicamente de una decisión personal. "Estaba marcado por unas circunstacias concretas después de muchos años de Gobierno socialista", apostilló. "Hacía falta ganarse la credibilidad del electorado".

El secretario general del PP vasco, Carmelo Barrio, también está a favor de mantener la ponencia de Estatutos en los términos en los que la han redactado el ministro de Justicia, Angel Acebes, y la coordinadora de Participación y Acción Sectorial del PP, Ana Mato.

RECUPERAR EL DEBATE DE IDEAS

No obstante, Barrio afirmó a esta agencia que las enmiendas del ministro de Fmento no lograrán "solapar" los verdaderos debates que deben tratarse en el Congreso Nacional: el patriotismo constitucional y las reformas del Estado para el siglo XXI.

Sin embargo, el presidente del PP en Extremadura, Juan Carlos Floriano, fue más pesimista y temió que la polémica en torno a las enmiendas degenere en un "debate estéril" que acabe por dejar a un lado la ebullición de ideas que Aznar quería, por encima de todas las cosas, para este Congreso Nacional.

Floriano dijo quedarse con eltexto de la ponencia "tal y como está" y acusó al ministro de Fomento de "guiarse por la oportunidad" a la hora de verter a la opinión pública un asunto que carece de la mayor trascendencia pero que le reporta gran trascendencia en estos momentos.

La tesis del presidente popular extremeño no es la única que arremete contra Alvarez-Cascos entre los altos cargos regionales del Partido Popular. Miembros de Unión del Pueblo Navarro, que dispone de un representante en la Ejecutiva Nacional del PP y estará resente en el Congreso, también temen que este asunto "desvirtúe" el debate para el que estaba llamada la cita del último fin de semana de enero.

En Baleares, nadie ha osado contradecir la postura que, desde el mismo momento en que Cascos presentó las enmiendas, adoptó la dirección del partido al oponerse a incluir su propuesta dentro de la ponencia correspondiente y que ratificaron, posteriormente, los dos autores de la ponencia: Angel Acebes y Ana Mato.

Fuentes cercanas al presidente del PP en aleares y ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, reconocen que será "difícil" encontrar a otra persona como Aznar capaz de liderar la formación como él. Pero respetan su promesa de retirarse tras dos legislaturas, aunque la atribuyen a una "decisión personal" que sólo debe aplicarse en su caso.

Los presidentes del PP en Andalucía y Canarias, Teófila Martínez y José Manuel Soria, han preferido guardar silencio. Quienes conocen bien a los dos dirigentes del PP sostienen que no quieren contribuir a fomntar esta polémica y esperarán a escuchar los argumentos de las dos partes en el mismo Congreso Nacional para apostar por una u otra opción.

Aunque el PP ya ha rechazado incluir de inmediato las enmiendas de Alvarez-Cascos en la ponencia de Estatutos, su propuesta se debatirá en la comisión sobre Estatutos del Congreso Nacional. En ella, el ministro de Fomento explicará sus razones y motivos y tratará de convencer, al menos, al 30 por ciento de los miembros de esta comisión.

Si lo consigue y obtine el respaldo de la tercera parte de ellos, la votación de sus enmiendas pasará al pleno del Congreso. Entonces, será responsabilidad de los 3.156 compromisarios que asistirán al cónclave político decidir si aceptan o rechazan que, desde ese momento, los presidentes del Gobierno que pertenezcan al PP tengan que abandonar el cargo trascurrido un periodo máximo de ocho años.