Presentada por el PSOE, la iniciativa insta al Gobierno a, en colaboración con las comunidades autónomas, “evaluar el estado del derecho a la educación inclusiva en el ámbito universitario y su compatibilidad con instrumentos internacionales, especialmente con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas; identificar brechas en las normas y políticas educativas del ámbito universitario que impiden que el estudiantado con discapacidad alcance y transite en este nivel educativo de manera inclusiva y con parámetros de calidad” y garantizar “el alineamiento de todas las normativas nacionales con la legislación internacional” sobre discapacidad.

Según explicó la diputada socialista Ana Cobo, “existe un gap formativo muy importante entre los jóvenes con discapacidad y el resto de compañeros de su misma edad” que, entre otros motivos, está relacionado con su mayor tasa de desempleo. De ahí la necesidad de “seguir trabajando para garantizar su ingreso y progresión en la universidad en condiciones de igualdad", dijo durante la defensa de la proposición.

En este punto, destacó que la reforma del artículo 49 de la Constitución , que “eliminó un término tan denigrante como el de disminuido” y reforzó la obligación de los poderes públicos de garantizar los derechos y la inclusión de este colectivo, “ha de tener un efecto cascada y llegar a todas las normas e instituciones, también a la universidad”.

Detalló que, en la revisión de las comunicaciones oficiales de las universidades españolas, se ha detectado el uso de “expresiones como diversidad funcional, capacidades diferentes u otras similares, que no están validadas ni son admisibles, por contrariar la perspectiva inclusiva y de derechos humanos”.

“Los términos de discapacidad y persona con discapacidad son los únicos que tienen validez jurídica real”, apuntó, por ser los únicos que “se encuentran explícitamente descritos en el recientemente modificado artículo 49 de nuestra Constitución y en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social”.

"Ambas normas se hacen eco del modelo social contemplado en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que insta a los estados a incorporar esta terminología a sus ordenamientos jurídicos y eliminar todo el lenguaje peyorativo, estigmatizante y discriminatorio hacia las personas con discapacidad”, agregó.

A su juicio, se trata de “vocablos que deben ser contemplados en todas las disposiciones normativas elaboradas por las administraciones públicas en España y han de ser usados por las universidades con carácter institucional y legal”. Por ello, esta terminología “deberá también trasladarse al lenguaje escrito en documentos, folletos, webs y medios digitales, publicaciones impresas, y en general cualquier material de difusión que se refiera a esta población”, reclamó.

Según Cobo, el sistema universitario español contaba con 22.156 estudiantes con discapacidad en el curso 2020-2021. Esto supone un aumento de tres puntos respecto al curso 2018. “Sí que hay mejora, pero resulta insuficiente”, declaró.

Por otro lado, destacó que “a veces, la no inclusión (de los estudiantes con discapacidad) viene de la falta de relación con sus compañeros de aula”, por lo que “las campañas de sensibilización y concienciación, que tan poco gustan a sus señorías de Vox, resultan más que necesarias”, insistió.

Precisamente, fueron los tres diputados de Vox los únicos que votaron en contra de la iniciativa. Su portavoz, María Ruiz, la calificó de “mera declaraciones de intenciones” y dijo que el Gobierno solo se preocupa "por la terminología utilizada y por alinear nuestra política con la Agenda 2030, una imposición globalista que no se preocupa por las personas con discapacidad”.