La decisión, que es iniciativa del PP, contó con el apoyo de todos los grupos de la Cáara, incluidos PSOE e Izquierda Unida, a pesar de que mostraron sus recelos de que las soluciones que se decidan tomar en dicha comisión lleguen a tiempo de ser convertidas en ley antes de que acabe la legislatura.

La Comisión sobre tarjetas de crédito contará con la participación de todos los agentes que intervienen en el uso de las tarjetas, desde sus emisores, hasta las empresas de sistemas de pago, los comerciantes y los usuarios, así como expertos independientes.

El grupo de estudio tendrá u plazo de tres meses para llegar a unas conclusiones, que se elevarán al Gobierno. Tanto el portavoz socialista, Fernando Gimeno, como el de IU, Felipe Alcaraz, acusaron al Ejecutivo y al PP de haber demorado una respuesta a las demandas que vienen haciendo los comerciantes desde hace más de un año, y de haberse visto obligados a reaccionar ante la demanda presentada por los comerciantes ante Defensa de la Competencia.

En su denuncia, la Confederación Española de Comerciantes acusa a las entidades finncieras de discriminarles en función del volumen de sus facturaciones y del tipo de negocio, a la hora de aplicarles comisiones por los pagos con tarjetas, frente a las condiciones favorables que ofrecen a los grandes establecimientos comerciales.

Según los socialistas, el PP ha reaccionado al conflicto por la denuncia de los comerciantes y porque existe en el Parlamento otra propuesta que aún no ha sido vista en el Congreso para regular por ley las comisiones que se aplican por tarjetas de crédito. Por su parte, IU fue más directa en su crítica, al afirmar abiertamente que ahora se ha tomado la medida porque no habrá tiempo de ver convertidas las soluciones en ley, ni siquiera con el acortamiento de plazos de tres a seis meses impuesto por CiU para dar su apoyo a la iniciativa.