El grupo parlamentario popular, autor de la proposición, pidió, concretamente, que la inspección de trabajo realice el seguimiento de la reserva del 2% para personas con discapacidad en empresas de más de 50 empleados, tanto públicas como privadas, y que se registre a las firmas que cumplen esta cuota en un censo creado para tal efecto. Igualmente, solicitó incentivos para las empresas que superen esta cuota.

Por otra parte, Convergencia i Unió instó al Gobierno en otra proposición no de ley a modificar la normativa vigente que regula la relación laboral de carácter especial de las personas que trabajan en centros especiales de empleo, para permitir que sus contratos puedan ajustarse a las modalidaddes previstas en las normas que desarrollan el Estatuto de los Trabajadores".

La tercera proposición, aprobada también por unanimidad en la comisión no permanente para las políticas integrales de discapacidad, pide al Ejecutivo que impulse la formación profesional de las personas con inteligencia límite para favorecer su inserción laboral.

El PP pide, para ello, que se adapten las ofertas educativas de la formación profesional a las necesidades especiales de este colectivo.