Así se recoge en una proposición no de ley presentada por el grupo de Unidas Podemos en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas de la Discapacidad, que también exige al Gobierno poner en marcha “de forma inmediata” la estrategia nacional de desinstitucionalización.

Aprobada por 20 votos a favor y 14 abstenciones, la iniciativa aboga por un cambio desde "el modelo de grandes centros residenciales hacia un sistema de apoyos personalizados y recursos en la comunidad", para el que demanda financiación.

En su defensa, la portavoz de Unidas Podemos, Pilar Garrido, destacó cómo “el cuidado residencial ha sido históricamente una de las principales respuestas del Estado del bienestar al riesgo social de la dependencia y de los cuidados de larga duración”.

Según los datos del INE de 2019, “hoy en España hay 322.800 personas mayores y 269.000 personas con discapacidad que residen en centros asistenciales, y agregó que en 2020, en torno a 17.000 niños, niñas y adolescentes vivían en recursos residenciales. “La tendencia poblacional de España presenta un claro desafío”, indicó, ya que “exigirá una mayor dotación presupuestaria para la atención a los cuidados de larga duración, así como el abordaje de cómo y en qué condiciones vamos a cuidar a nuestras personas mayores, a las personas dependientes y a las personas con discapacidad en esta situación, desde el marco de los derechos humanos”.

En su opinión, "la crisis de la covid-19 ha puesto de relieve la necesidad de repensar nuestro sistema de cuidados, a cuenta del grave impacto que ha tenido la pandemia sobre las residencias de personas mayores y personas con discapacidad”.

Esto provocó que salieran “a la luz las enormes carencias del modelo residencial y de cuidados de larga duración”, afirmó Garrido. A su juicio, tales fallos “no solo tienen que ver con la infrafinanciación, la privatización o la falta de recursos humanos, sino con el modelo en sí, de un marcado carácter asistencial y segregador”.

Las residencias actuales “se encuentran muy lejos de parecerse a un hogar”, dijo, y lamentó que "son centros de atención no personalizada que identifican a las personas residentes como un todo homogéneo, como meros sujetos de cobertura básica de necesidades y no como ciudadanas, con atenciones estandarizadas y no como personas particulares con sus propias vidas”.

NUEVO SISTEMA

Según Garrido, urge la puesta en marcha de “una estrategia de desinstitucionalización que promueva un proceso de transformación del modelo de cuidados de larga duración, así como el desarrollo de servicios y apoyos comunitarios y centrados en cada persona, que sustituyan al modelo asistencial e institucional. “El alcance de estos cambios que permitirán el paso de un modelo de cuidados institucionalizado a otro próximo a la comunidad es profundo, porque no implican solo un cambio en el lugar donde viven las personas, sino una transformación en la forma en que se piensan y desarrollan los apoyos y cuidados”, destacó.

“Para que el proceso de desinstitucionalización y cambio en el modelo de cuidados se produzca de forma efectiva, es necesario desarrollar una estrategia nacional que lo impulse, garantizando su coherencia”, propuso, y se necesitan recursos que lo hagan posible.

A su juicio, el modelo de apoyos y cuidados más seguro y respetuoso con los derechos humanos es el de los servicios de pequeña escala incluidos en la comunidad a la que pertenecemos”.

La Comisión de Derechos Sociales y Políticas de la Discapacidad aprobó también una proposición no de ley del PSOE para garantizar “el buen trato en las residencias de personas mayores” y una transaccional, acordada entre PSOE y PP, relativa a la necesidad de regular la asistencia personal dentro del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.