Así se recoge en una proposición no de ley del Grupo Socialista aprobada este martes que, entre otros puntos, insta al Gobierno a incluir este tipo de baños en el Código Técnico de la Edificación (CTE). Se trata de que, una vez aprobada la modificación, los edificios públicos estén obligados a instalarlos.

Respaldada por 29 votos a favor (PSOE, PP y Sumar) y tres en contra (Vox), esta iniciativa alude de forma concreta a mejorar la accesibilidad para estas personas en “lugares altamente frecuentados, tales como hospitales, centros de salud, residencias de ancianos, colegios, institutos, universidades, cines, teatros, centros comerciales, playas, hoteles, campings, etc.”.

La diputada socialista Gemma Ruiz exigió además ayudas para la realización de las obras necesarias de adaptación de los baños en los domicilios particulares; regular una tarjeta de estacionamiento urgente que permita, durante un tiempo limitado de 60 minutos, estacionar en zona azul o plazas reservadas a movilidad reducida; ampliar el catálogo de productos relacionados con la ostomía y sus cuidados en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud; y promover medidas de sensibilización y concienciación social, en colaboración con las asociaciones de personas afectadas.

El fin de esta última medida es “mejorar el conocimiento por parte de la sociedad en general” y fomentar la normalización de esta condición, que afecta a unas 70.000 personas en España.

SELLOS DE CALIDAD

La Comisión también aprobó una proposición no de ley del Grupo Socialista que pide establecer “mecanismos de regulación y control para garantizar la calidad y rigurosidad" de “los sellos y certificaciones de accesibilidad a entornos, productos y servicios”. Su objetivo, según los socialistas, es “evitar la concesión arbitraria de estas certificaciones”.

La iniciativa, que obtuvo 15 votos a favor, 3 en contra y 14 abstenciones, busca “establecer “requisitos y criterios exigentes” para “mejorar la calidad de los servicios que prestan las organizaciones” de acreditación y “contribuir a generalizar" las condiciones de accesibilidad.

Además, la Comisión dio luz verde a la proposición no de ley del grupo Sumar relativa a la adaptación de la legislación española a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y al reciente cambio del artículo 49 de la Constitución, por 15 votos a favor, 3 en contra y 14 abstenciones.